La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha presidido hoy en Sevilla la reunión del Consejo Andaluz de Consumo (CAC), en la que han participado representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano de composición tripartita: la Junta de Andalucía como Administración autonómica, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en representación de la Administración Local, la Confederación de Empresarios de Andalucía como representante del tejido empresarial, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía FACUA, AL ANDALUS, UCA-UCE y ADICAE.
La consejera ha querido destacar la importancia de este órgano como ejemplo de diálogo y concertación, en el que trabajan de manera conjunta y coordinada los diferentes agentes que participan en la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en nuestra Comunidad Autónoma.
En la reunión se ha sometido a valoración por los miembros del CAC el Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria, una iniciativa de autorregulación del propio sector empresarial que tiene como objeto constituir una guía para unificar criterios y mejorar la calidad de los servicios profesionales de intermediación inmobiliaria. Se pretende a su vez que este documento sea referencia y protección de los legítimos intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y que proporcione a las empresas y profesionales del sector una útil herramienta de trabajo.
Con este fin, el código incorpora compromisos para las empresas en materia informativa, sobre certificados energéticos, documentación obligatoria y modelos de contratos, tablas de honorarios, compromisos de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo o distintivos de calidad.
En la misma línea, se ha procedido durante la reunión a constituir el Órgano Sectorial de Intermediación Inmobiliaria, así como su reglamento de funcionamiento, para reforzar el análisis y el diálogo en este sector de actividad, promoviendo la colaboración entre los diferentes agentes implicados, así como el desarrollo de propuestas e iniciativas para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Por otra parte, se ha informado a los miembros del Consejo sobre el desarrollo y estado de los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico de Consumo de Andalucía, que tiene como objetivo establecer las líneas estratégicas que marcarán el impulso de las políticas de consumo en la comunidad, así como definir y programar las actuaciones a desarrollar durante los próximos años. El documento se está desarrollando en cooperación con la administración pública local y en alianza con el ámbito asociativo y empresarial, con el objeto de integrar las aportaciones de los diferentes agentes implicados en la protección de los derechos de las personas consumidoras en nuestra Comunidad Autónoma.
Además, durante el encuentro se ha realizado un seguimiento del desarrollo del Plan Anual Normativo para 2017, en el que destaca especialmente la Ley de Prevención y Solución de Conflictos en Materia de Consumo, que permitirá desarrollar un nuevo marco normativo que refuerce los mecanismos de resolución de conflictos y consolide el Sistema Arbitral de Consumo en Andalucía.
Para ello, la Ley regulará diferentes cuestiones como la mediación en consumo en Andalucía; la estructura y funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo autonómica así como aquellos aspectos del arbitraje de consumo que no sean competencia estatal; los Servicios de Atención al Cliente de las empresas; los mecanismos de prevención de conflictos, autorregulación empresarial, responsabilidad social y calidad; y la red de servicios públicos de consumo, reconociendo y mejorando la labor de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs).
Por otra parte, se han repasado los datos y resultados más destacados de las campañas de inspección y control del mercado que se encuentran en desarrollo. En este sentido, cabe recordar que el Plan de Inspección de Consumo 2017, actualmente en ejecución, incluye un total de 27 campañas para garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente. Entre las campañas más relevantes se encuentran las relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, las compañías aéreas, el cumplimiento de la Ley de Protección Hipotecaria y otras que abarcan la protección de los menores, como las de inspección de juguetes, disfraces y productos de puericultura, entre otras. El desarrollo de estas campañas supondrá más de 8.000 controles y la toma de, aproximadamente, 300 muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.
El Consejo Andaluz de Consumo es un órgano colegiado, de carácter especializado y funcionamiento democrático, cuyo objetivo es defender los intereses de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, promoviendo la mediación en los conflictos con las empresas. El órgano está representado en todas las provincias andaluzas a través de los Consejos Provinciales de Consumo, que son los encargados de ejercitar las funciones atribuidas al Consejo Andaluz en aquellas materias que afecten a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios y que se circunscriban al ámbito provincial.