Entidades

Competencias de las entidades locales andaluzas en materia de consumo

Las entidades locales tienen una serie de competencias en materia de consumo. Aquí te informamos sobre ellas.

Etiquetas:

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, aprobada en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 92.2 del Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, determina las competencias y las potestades de los municipios y de los demás entes locales como expresión propia de la autonomía local y las reglas por las que hayan de regirse las eventuales transferencias y delegaciones a éstos de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley precisa, en los términos de la Carta Europea de Autonomía Local, que la autonomía local comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio de municipios y provincias, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización y ordenación de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su servicio y de su patrimonio, y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas.

El artículo 9 de la Ley se refiere a las competencias propias de los municipios andaluces en diversas materias, siendo una de ellas la "ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras, que incluye:

a. La información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a estas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.

b. La información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo.

c. El análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las personas consumidoras.

d. La constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información al consumidor de su ámbito territorial.

e. El fomento, divulgación y, en su caso, gestión, del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos previstos en la legislación vigente.

f. La inspección de consumo y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones localizadas en su territorio en las condiciones, con el alcance máximo y facultades establecidos en la normativa autonómica reguladora en materia de consumo.

g. La prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal de las personas consumidoras y la adopción de medidas administrativas preventivas definitivas, cuando estas situaciones se materialicen en el ámbito estrictamente local y se puedan afrontar en su totalidad dentro del término municipal, o provisionales cuando excedan del mismo.

h. La constitución, gestión, organización y evaluación de los puntos de contacto municipales integrados en la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo.

A las provincias se les asignan, con carácter general, competencias de asistencia a los municipios, con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, que podrán consistir en:

- Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.

- Asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.

- Asistencia material de prestación de servicios municipales.

Además, en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía, establece en su artículo 97 cuáles son las competencias municipales, atribuyéndoles, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma, la labor velar en sus respectivos territorios por la protección de los consumidores y, en particular:

a. La información y educación de los consumidores, estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades de cada localidad, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

b. El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores en cuanto a las actividades que realicen en su territorio y en beneficio de sus vecinos.

c. El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en la legislación vigente.

d. El ejercicio de acciones civiles en defensa de los consumidores vecinos de su localidad de conformidad con lo que establezca la legislación estatal que reconozca a las Administraciones Públicas en general esta legitimación.

e. La realización de estudios de mercado circunscritos a su término municipal.

f. La Inspección de Consumo con el alcance máximo y facultades establecidos en esta Ley.

g. La adopción de medidas no sancionadoras para garantizar los derechos e intereses de los consumidores en los casos, formas y condiciones señalados en la Ley.

h. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a las infracciones localizadas en su territorio según lo establecido en esta Ley.

i. Instar la actuación de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía cuando no tengan competencias o recabar los medios necesarios para ejercerlas.

j. Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que se les deleguen por la Administración autonómica de conformidad con la legislación estatal y andaluza de régimen local.

El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores en cuanto a las actividades que realicen en la provincia y en beneficio de sus vecinos.

En este sentido, la norma exige que tanto la Administración autonómica como las Diputaciones Provinciales cooperen con los municipios para que puedan ejercer adecuadamente sus competencias en la materia.

En cuanto a las Diputaciones Provinciales, el artículo 98 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, señala que, sin perjuicio de las competencias de las restantes Administraciones Públicas, corresponde a las Diputaciones Provinciales andaluzas:

a. La información y educación de los consumidores, estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades generales de la provincia, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

b. El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores en cuanto a las actividades que realicen en la provincia y en beneficio de sus vecinos.

c. El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en la legislación vigente.  

d. El ejercicio de acciones civiles en defensa de los consumidores vecinos de su provincia de conformidad con lo que establezca la legislación estatal que reconozca a las Administraciones Públicas en general esta legitimación.

e. La realización de estudios de mercado circunscritos a su provincia.

f. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, para que puedan desarrollar eficazmente todas sus funciones y competencias de protección de los consumidores. g. Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que les delegue la Administración autonómica de conformidad con la legislación de régimen local.

Valora el artículo: