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Competencias de las entidades locales andaluzas en materia de consumo

En virtud de la normativa autonómica, las entidades locales andaluzas cuentan con una serie de competencias en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

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Competencias locales

- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía:

  • Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de Régimen Local (artículo 60).
  • Los Ayuntamientos tienen competencias propias sobre una serie de materias, en los términos que determinen las leyes, entre otras: la defensa de las personas consumidora y usuarias (artículo 92.j).

- Teniendo en cuenta la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía:

En virtud de su artículo 9.15, los municipios de Andalucía cuentan, entre otras, con competencias sobre la ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, que incluye:

  • La información y educación a las personas consumidoras y usuarias en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a éstas sobre sus derechos y la forma más eficaz de ejercerlos.
  • La información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo.
  • El análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y denuncias que presenten las personas consumidoras.
  • La constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información de la persona consumidora de su ámbito territorial.
  • El fomento, divulgación y, en su caso, gestión, del Sistema Arbitral de Consumo, en colaboración con la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos de la legislación vigente.
  • La inspección de consumo y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones localizadas en su territorio en las condiciones, con el alcance máximo y facultades establecidas en la normativa autonómica reguladora en materia de consumo.
  • La prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal de las personas consumidoras y la adopción de medidas administrativas preventivas definitivas, cuando estas situaciones se materialicen en el ámbito estrictamente local y se puedan afrontar en su totalidad dentro del término municipal, o provisionales cuando excedan del mismo.
  • La constitución, gestión, organización y evaluación de los puntos de contacto municipales integrados en la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo.

- Según la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía:

En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 13/2003 establece, en su artículo 97, cuáles son las competencias municipales, atribuyendo a los municipios, sin perjuicio de las competencias autonómicas, la labor de velar en sus respectivos territorios por la protección de las personas consumidoras y usuarias. En particular, los municipios tendrán como competencias en materia de consumo las siguientes:

  • La información y educación de las personas consumidoras, estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades de cada localidad, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de personas consumidoras y usuarias.
  • El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de personas consumidoras en cuanto a las actividades que realicen en su territorio y en beneficio de sus vecinos y vecinas.
  • El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del Sistema Arbitral de Consumo, en colaboración con la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma en los términos previstos en la legislación vigente.
  • El ejercicio de las acciones civiles en defensa de las personas consumidoras vecinas de la localidad de conformidad con lo establecido por la legislación estatal que reconozca a las Administraciones Públicas en general esta legitimación.
  • La realización de estudios de mercado circunscritos a su término municipal.
  • La Inspección de Consumo con el alcance máximo y facultades establecidas en esta Ley.
  • La adopción de medidas no sancionadoras para garantizar los derechos e intereses de las personas consumidoras en los casos, formas y condiciones señaladas en la Ley.
  • El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a las infracciones localizadas en su territorio según lo establecido en esta Ley.
  • Instar la actuación de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía cuando no tengan competencia o recabar los medios necesarios para ejercerlas.
  • Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que se les deleguen por la Administración autonómica de conformidad con la legislación estatal y andaluza de régimen local.

Se establece que, tanto la Administración Autonómica, como las Diputaciones Provinciales, cooperarán con los municipios para que puedan ejercer adecuadamente sus competencias en la materia.

En el ejercicio de sus competencias en materia de consumo, los municipios apoyarán la participación de las organizaciones y asociaciones de personas consumidoras.

Sin perjuicio de las competencias de las restantes Administraciones Públicas, corresponde a las Diputaciones Provinciales andaluzas, en virtud del artículo 98 de la Ley 13/2003:

  • La información y educación de las personas consumidoras, estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con las necesidades generales de la provincia, pudiéndose contar para tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de personas consumidora y usuarias.
  • El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones de personas consumidoras en cuanto a las actividades que realicen en la provincia y en beneficio de sus vecinos y vecinas.
  • El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del Sistema Arbitral de Consumo, en colaboración con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en los términos previstos en la legislación vigente.
  • El ejercicio de acciones civiles en defensa de las personas consumidoras vecinas de su provincia de conformidad con lo que establezca la legislación estatal que reconozca a las Administraciones Públicas en general esta legitimación.
  • La realización de estudios de mercado circunscritos a su provincia.
  • La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, para que puedan desarrollas eficazmente todas sus funciones y competencias de protección de las personas consumidoras.
  • Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejercicio de las que les delegue la Administración autonómica de conformidad con la legislación de régimen local.

Si necesita información o asesoramiento en materia de consumo no dude en contactar con nosotros. Le recordamos que estamos a su disposición de forma gratuita y continuada a través de número de teléfono 900 21 50 80, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través de esta misma página Web. Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede acercarse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo, presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

 

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