Esta ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.
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En este sentido, el marco que regula el régimen jurídico de las Administraciones públicas es objeto de una adaptación normativa expresa que lo configura de forma armónica y concordante con los principios constitucionales.
La Ley recoge la concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa.
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