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Aviso. Medidas urgentes en materia de vivienda, suministros y de otra índole con incidencia en consumo, tras la finalización del Estado de Alarma

Con la finalización del Estado de Alarma el 9 de mayo de 2021, se procede a prorrogar determinadas medidas de diferente índole con incidencia en consumo: vivienda, suministros y otras.
Vivienda y calculadora

El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, establece medidas urgentes de diferente orden a aplicar tras la finalización del Estado de Alarma el 9 de mayo de 2021. Algunas de ellas, tienen o pueden tener incidencia en materia de consumo.

Entre otros aspectos, en virtud del citado Real Decreto-ley 8/2021, se procedió a prorrogar por plazo de 3 meses desde el final del Estado de Alarma, es decir, hasta el 9 de agosto de 2021, algunas de las medidas adoptadas en su momento para atender diversas situaciones de vulnerabilidad, referidas a:

  • Garantía de determinados suministros (agua, electricidad y gas natural) a las personas consumidoras consideradas vulnerables.
  • Derecho a la percepción del bono social eléctrico por parte de personas consumidoras  y determinados colectivos vulnerables.
  • Determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de viviendas.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, se ha procedido a una nueva ampliación hasta el 31 de octubre de 2021 de las medidas sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, así como de los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua para aquellas personas consumidoras en los que concurra la condición de vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión social.

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

 

Garantía de suministro de agua y energía para personas consumidoras vulnerables. 

Hasta el 31 de octubre de 2021 inclusive, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para aquellas personas consumidoras en las que concurra la condición de personas consumidora vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión social (de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre).

Para acreditar la condición de persona consumidora vulnerable ante las empresas suministradoras bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad. Además, para estas personas:

  • Será de aplicación la prohibición de la suspensión del suministro a aquellas personas consumidoras que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de persona consumidora vulnerable o vulnerable severa, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Esto se acreditará por certificación de dicha circunstancia ante la empresa suministradora por los servicios sociales oportunos o por personas o entidades mediadoras sociales (entidades del Tercer Sector de acción social con la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio), a la que acompañará:
  1. Fotocopia del DNI de la persona consumidora del punto de suministro de la vivienda, así como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda. 
  2. Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los miembros anteriores. Para dicha solicitud no se precisará el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio de la persona solicitante.

 

Derecho a percepción del bono social eléctrico por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica.

Además de los colectivos que, ya de por sí, tienen derecho a percibir el bono social, en virtud del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, se configura una nueva categoría de persona consumidora vulnerable, a los efectos de la percepción del bono social eléctrico, extendiéndose el derecho a dicha percepción hasta el 9 de agosto de 2021.

La condición de persona consumidora vulnerable y, por lo tanto, el derecho a percibir el bono social, para estos colectivos considerados vulnerables, se extinguirá con fecha de 9 de agosto de 2021, sin perjuicio de la posibilidad de poderse acoger al bono social eléctrico en cualquier momento anterior o posterior a tal fecha, es decir, de la percepción del bono social con carácter ordinario.

A las personas que, de acuerdo al Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se les hubiera reconocido la condición de personas vulnerables a efectos de la percepción del bono social para determinados colectivos, y siguen reuniendo los requisitos establecidos a 30 de junio de 2021 (fecha en que, de acuerdo con tal norma, se extinguía el derecho a bono social):

  • Seguirán ostentando la condición de vulnerables a efectos de percepción del bono social sin necesidad de volverlo a acreditar.
  • Salvo que, con posterioridad al 30 de junio de 2021 dejaran de concurrir los requisitos oportunos en cuyo caso, la persona consumidora deberá comunicar esa circunstancia a la comercializadora de referencia en el plazo máximo de 1 mes.

 

Suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas vulnerables sin alternativa habitacional (aplicable hasta el 31 de octubre de 2021.

  • Hasta el 31 de octubre de 2021, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por la persona arrendataria, o la finalización del plazo de duración de contratos de arrendamiento urbano (suscritos de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos), en los que se pretendan recuperar la posesión de la finca afectada, se haya suspendido o no previamente el proceso, la persona arrendataria podrá instar la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Si no estuviera señalado, por no haber transcurrido el oportuno plazo de 10 días del artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista. Estas medidas de suspensión extraordinaria y temporal, dejarán de surtir efecto desde el 31 de octubre de 2021.
  • Para que se pueda dar la suspensión anterior, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de los artículos 5.a) y 5.b) del Real Decreto-ley 11/2020 de vulnerabilidad económica acompañando su escrito con los documentos oportunos. El procedimiento de solicitud de suspensión es, en esencia, como sigue:
  1. Presentación del incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el oportuno Juzgado (escrito con la documentación preceptiva).
  2. El personal Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la acreditación a la persona demandante, quien en plazo máximo de 10 días podrá acreditar ante el Juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adoptara la medida de suspensión.
  3. Presentados ambos escritos (por persona arrendataria y por persona demandante) se dará traslado de toda la documentación a los servicios sociales competentes, que elaborará el oportuno informe hacia el Juzgado en plazo máximo de 10 días en el que se valorará la situación de vulnerabilidad de la persona arrendataria y, en su caso, de la arrendadora.
  4. La persona titular del Juzgado oportuno, a la vista de la documentación y del informe de servicios sociales, dictará auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considerara acreditada la vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad de la persona arrendadora. Si no se acredita la vulnerabilidad de la persona arrendataria o bien debiera prevalecer la vulnerabilidad de la persona arrendadora se acordará la continuación del procedimiento. En todo caso, el auto que fije la suspensión señalará expresamente que el día 31 de octubre de 2021 se reanudará automáticamente el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o se señalará fecha para la celebración de la vista y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.
  5. Acreditada la vulnerabilidad, antes de que finalice el plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales con el fin de satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna.

 

Suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal (aplicable hasta el 9 de agosto de 2021).

  • Hasta el 31 de octubre de 2021, en estos supuestos, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título que las habilite para ello, la persona titular del Juzgado tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de octubre de 2021. Estas medidas de suspensión extraordinaria y temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 31 de octubre de 2021.
  • Para poderse proceder a la suspensión del lanzamiento, será preciso que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 10 viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica correspondiente al artículos 5.a) del Real Decreto-ley 11/2020.
  • La persona titular del Juzgado tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble esté causada por una situación de extrema necesidad (se valorará adecuadamente en informe de servicios sociales), así como las circunstancias relativas a la cooperación de las personas que habitan el inmueble afectado con las autoridades en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantice el derecho a una vivienda digna.
  • Para que se dé la suspensión anterior, quien habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. Asimismo, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán acreditar, además, que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad del artículos 5.a) del Real Decreto-ley 11/2020. El procedimiento de solicitud de suspensión es, en esencia, como sigue:
  1. La persona o personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica indicada con anterioridad presentarán ante el Juzgado oportuno escrito con la documentación preceptiva.
  2. El personal Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la acreditación a la persona demandante o denunciante, y la trasladará de inmediato a los servicios sociales competentes, solicitándose informe de los mismos al respecto. Este informe deberá ser emitido en plazo máximo de 15 días, y en él se valorará la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan fijado su vivienda en el inmueble afectado, y en el que se identifiquen las medidas a aplicar por la administración oportuna.
  3. Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite la vivienda y ponderadas por la persona titular del oportuno Juzgado todas las demás circunstancias concurrentes, esta dictará auto acordando, en su cao, la suspensión por el tiempo que restara hasta el 31 de octubre de 2021. Si la persona solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se encontrara entre las personas con derecho a instar la suspensión, la persona titular del Juzgado acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
  • En ningún caso se procederá a la suspensión del lanzamiento si la entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar, entre otros, en los siguientes supuestos:
  1. Cuando se haya producido en un inmueble propiedad de una persona física, si en el mismo tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada (con independencia del número de viviendas de las que sea persona propietaria).
  2. Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviera en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
  3. Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
  4. Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
  5. Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la misma a una persona solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda.

 

Derecho de las personas arrendadoras y propietarias a la compensación en casos de suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos.

De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, se establece el derecho a compensación de las personas arrendadoras y propietarias en los casos de suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos. En este sentido:

En los supuestos de suspensión extraordinaria, hasta el 31 de octubre de 2021, del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional:

  • Estas personas podrán solicitar una compensación cuando la Administración oportuna, en los 3 meses siguientes a que se emita el informe de servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.
  • La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos  corrientes de la vivienda que acredite haber asumido la persona arrendadora, por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o hasta el 31 de octubre de 2021.
  • Si el valor anterior fuera superior a la renta que viniera percibiendo la persona arrendadora, la compensación consistirá en la renta dejada de percibir durante el mismo periodo anterior más los gastos corrientes. 
  • La solicitud de compensación se podrá presentar hasta el 30 de noviembre de 2021, debiendo formular la persona arrendadora una exposición razonada y justificada de la compensación procedente sobre la base de los criterios anteriores.

En los supuestos de suspensión extraordinaria, hasta el 31 de octubre de 2021, del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  • Las personas propietarias de las viviendas afectadas tendrán derecho a solicitar una compensación si durante los 3 meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, tales medidas no se hubieran adoptado por la Administración oportuna y siempre que las personas propietarias acrediten que la suspensión del lanzamiento les haya ocasionado perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble.
  • Si se acreditara que concurre perjuicio económico, la compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido la persona propietaria, por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 31 de octubre de 2021.
  • La solicitud de compensación se podrá presentar hasta el 30 de noviembre de 2021, debiendo formular la persona titular de la vivienda una exposición razonada y justificada de la compensación procedente sobre la base de los criterios anteriores.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio:

  • Se adoptan las medidas para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones a las personas arrendadoras o propietarias en los supuestos de que se hay producido algún supuesto de suspesión extraordinaria de desahucio y lanzamiento indicado con anterioridad.
  • Se establece el procedimiento para la presentación, tramitación y resolución de solicitudes formuladas por las personas arrendadoras o propietarias de las viviendas afectadas por la suspensión extraordinaria de los desahucios y lanzamientos. En este sentido:
  1. Dicho procedimiento para la obtención de las compensaciones se iniciará a instancia de la persona interesada, mediante una solicitud que se podrá presentar hasta el día 30 de noviembre de 2021, y dirigida por la persona arrendadora o propietaria al órgano de vivienda de la comunidad autónoma (en el caso de Andalucía a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio), de acuerdo con lo indicado en el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio.
  2. El plazo máximo para resolverse y notificarse la resolución a la persona interesada es de 3 meses (pudiéndose, de manera excepcional, acordar de manera motivada ampliar dicho plazo en 3 meses más). Si pasara tal plazo y no se hubiera producido la notificación expresa la persona interesada podrá entenderla estimada por silencio administrativo. ​

 

Contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril de 2020 y el 31 de octubre de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria o el periodo de prórroga tácita previsto, podrá aplicarse, previa solicitud de la persona arrendataria, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses, durante los cuales se seguirán manteniendo los mismos términos y las mismas condiciones establecidos para el contrato en vigor.

La solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por la parte arrendadora, salvo que:

  • Se fijen otros términos u otras condiciones por acuerdo entre las partes.
  • En el caso de que la parte arrendadora haya comunicado en los plazos y condiciones del artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los casos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

 

Moratoria de la deuda del alquiler.

Dirigida a las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del Covid-19:

  • La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora (cuando esta sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados)hasta el 31 de octubre de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta (siempre que tal aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre las partes).
  • Si no hay acuerdo entre las partes, la persona arrendadora comunicará expresamente a la arrendataria, en plazo máximo de 7 días laborables su decisión entre las alternativas establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y que son, básicamente:
  1. Reducción del 50% de la renta durante el tiempo del estado de alarma y las mensualidades siguientes si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses).
  2. Moratoria en el pago de la renta aplicable de manera automática durante el tiempo del estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses). La reestructuración de la deuda se haría por fraccionamiento de las cuotas durante, al menos, 3 años. 

 

Medidas aplicables a las juntas de personas propietarias de las comunidades en régimen de propiedad horizontal.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de marzo:

  • La obligación de convocar y celebrar la junta de personas propietarias en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal quedará suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Durante el mismo período, queda igualmente suspendida la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual.
  • Durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno, aunque a fecha de 9 de mayo de 2021 hubiera expirado el plazo legal o estatutariamente establecido.
  • Excepcionalmente, durante dicho período la junta de personas propietarias podrá reunirse a solicitud de la persona presidenta o de la cuarta parte de las personas propietarias, o un número de estas que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación, si fuera necesaria la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Entre los acuerdos que no pueden demorarse se entenderán incluidos en todo caso los atinentes a las obras, actuaciones e instalaciones mencionadas en el artículo 10.1.b) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que sí requieran acuerdo de la junta. En este sentido:
  1. La junta de personas propietarias podrá celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que: todas las personas propietarias dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por la persona administradora con antelación a la junta; y la persona secretaria reconozca la identidad de las personas propietarias asistentes a la junta y así lo exprese en el acta.
  2. Será también posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, siempre que puedan cumplirse las debidas garantías de participación de todas las personas propietarios, identidad de la persona remitente y de recepción de la comunicación.
  3. La junta de personas propietarias podrá celebrarse de forma presencial cuando se garanticen las medidas de seguridad en cada momento aplicables.

 

Líneas de avales y ayudas.

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, en virtud del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se establece una línea de avales para la cobertura de la financiación a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad social y económica ocasionado por el Covid-19. A este respecto, se publicó la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de las personas arrendatarias de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Del mismo modo, se publicó Resolución de 1 de mayo, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento COVID-19. A través de esta Orden:

  • Se establece la definición de los criterios y requisitos para que las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19 puedan acceder a las ayudas transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares.
  • Estos préstamos serán concedidos por entidades de crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Instituto de Crédito Oficial y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para la persona solicitante.

De acuerdo con la Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, que modifica los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril:

  • El plazo para solicitar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado es hasta el 9 de agosto de 2021. Tal plazo podrá ser prorrogado hasta el 31 de agosto de 2021 mediante Orden ministerial.
  • El plazo para formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado es hasta el 9 de septiembre de 2021. Tal plazo podrá ser prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2021 mediante Orden ministerial.

Accediendo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrá obtener una mayor información al respecto de esta línea de avales, en cuanto a, por ejemplo: requisitos que hay que cumplir para beneficiarse de la línea de financiación, documentación a presentar, dónde solicitar el préstamo, objetivo de la línea de financiación, casos de incumplimiento de requisitos, plazo de solicitud y periodo de vigencia de la línea, a qué se pueden destinar los fondos de los préstamos, el importe máximo avalado, intereses del préstamo, gastos o comisiones, etc.

Para mayor información al respecto de esta línea de avales, podrá acudir al Servicio de atención a la clientela del ICO, así como al Servicio de atención a la ciudadanía del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se regula un nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, en virtud del artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En su virtud, se ha publicado la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (modificada por Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre)En esta Orden se regulan, entre otros aspectos:

  • El programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
  • El programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La solicitud de las ayudas para contribuir a minimizar impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, así como su tramitación, resolución y gestión de su abono (una vez que se hayan acreditado por los órganos competentes el derecho de las personas solicitantes beneficiarias a obtenerlas), se llevará a cabo por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, pudiendo ser solicitadas dichas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, la Comunidad Autónoma concederá las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con la acreditación de tales circunstancias (a través de informe de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o servicios  sociales locales oportunos, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda). En estos casos, podrá ampliar la información en los distintos órganos con competencias en la materia:

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dispone de información sobre medidas urgentes y extraordinarias para combatir el impacto económico del COVID-19, así como sobre medidas de apoyo y ayudas al alquiler, moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias y suspensión del lanzamiento de su vivienda habitual de los colectivos vulnerables, pudiéndose obtener en este caso más información sobre estas medidas en el Servicio de atención a la ciudadanía INFO.VIVIENDA (teléfono: 955 06 09 98 y buzón de INFO.VIVIENDA).

 

Si necesita información en materia de consumo no dude en contactar con nosotros. Le recordamos que estamos a su disposición de forma gratuita y continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través de esta misma página Web. Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede acercarse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo, presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

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