La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado una campaña de inspección para controlar el cumplimiento de la normativa por parte de al menos 65 entidades de suministro domiciliario de agua que operan en Andalucía. Este suministro es competencia de los Ayuntamientos, que pueden gestionar el servicio de forma directa o a través de una concesión a empresas privadas. Aun tratándose de una competencia municipal, el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía regula a nivel autonómico las relaciones entre la entidad que presta el servicio de suministro y las personas abonadas del mismo.
A través de esta campaña de inspección, la Dirección General de Consumo pretende comprobar que se facilita a la persona consumidora toda la información obligatoria, tanto en las sedes de las propias entidades, como en el contrato del servicio. Además, se comprobará que existen los servicios que la norma obliga a tener en funcionamiento para este tipo de empresas, en particular, el servicio de recepción de avisos urgentes, en el que se puedan comunicar de forma permanente averías o situaciones de emergencia.
Asimismo, se verificará que la facturación, los modelos de contratación del servicio, los modelos de recibo o factura, el establecimiento de fianzas y las formas de pago se adecuan a la normativa vigente. Para ello, se analizarán contratos y facturas de cada una de las entidades, y se comprobarán cuestiones como el método por el que se realiza la medición del consumo y la frecuencia de lectura, así como la periodicidad de la facturación y el método de pago, comprobando especialmente que no se imponga una forma de pago determinada por parte de la entidad suministradora.
En cuanto a los contratos, se verificará que incluyen toda la información obligatoria respecto a la identificación de la entidad y de la persona abonada; las características del suministro (tipo de suministro, tarifa, diámetro de acometida, el caudal contratado, presión mínima garantizada y presión máxima alcanzable); el equipo de medida (tipo, número de fabricación y calibre en milímetros); las condiciones económicas (derechos de acometida, cuota de contratación, tributos y fianza); así como otras cuestiones como la duración del contrato, el lugar de pago o la jurisdicción competente.
Por último, se comprobará que los contratos formalizados como de suministro doméstico sean exclusivamente los de viviendas, siempre que en ellas no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo. En esta línea, se verificará también que no se suscriban como suministro doméstico los contratos realizados con comunidades de vecinos o similares para usos comunes como limpieza, jardinería o riego.
Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020 que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones por la COVID-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa.
Datos de la campaña anterior
En la anterior campaña realizada sobre el sector en el año 2018 se realizaron 42 actuaciones de control sobre un total de 28 empresas diferentes. Como resultado, se detectaron irregularidades en 31 de las actuaciones, lo que supone un 74% del total.
Entre las irregularidades detectadas, la mayoría estaban relacionadas con la falta de información obligatoria sobre determinados aspectos en los contratos de suministros, como la indicación de la jurisdicción competente, información sobre el equipo de medida, sobre las características del suministro o sobre las condiciones económicas. También se detectaron irregularidades en cuanto al cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo un cambio de contador o aparato de medida y con la contratación de suministros domésticos por parte de empresas y profesionales.
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es); del perfil de Twitter (@consumoresponde); y el de Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.