Más de un centenar de profesionales del sector del consumo analizan el nuevo régimen de las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía

La III Jornada de Consumo de Andalucía ha reunido en Granada a representantes de la Administración, las empresas y el tejido asociativo
Presentación de la III Jornada de Consumo

La sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha acogido en la mañana de hoy en Granada la celebración de la III Jornada de Consumo de Andalucía, que ha congregado a más de un centenar de profesionales del sector. Los participantes, procedentes de la Administración Pública, el tejido empresarial y las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, han analizado el nuevo régimen de las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía, que entrará en vigor en el mes de diciembre.

A la Jornada han asistido el director general de Consumo de la consejería de Salud y Familias, Juan Javier Márquez, y la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca Fernández-Capel. Márquez ha destacado que la nueva normativa en materia de hojas de quejas y reclamaciones deroga el decreto aprobado hace diez años en esta materia, incorporando novedades que permitirán garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica de la ciudadanía en materia de consumo.

A continuación, el jefe del servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje de la Dirección General de Consumo, Daniel Escalona, ha tomado la palabra para presentar ante los asistentes el decreto que regula el nuevo régimen normativo en materia de hojas de quejas y reclamaciones. Dicha norma establece un formulario más sencillo y fácil de rellenar, y obliga a la empresa reclamada a dar una respuesta más completa, útil y detallada para los consumidores o consumidoras, lo que permitirá que muchos de los conflictos se solucionen sin necesidad de dar cuenta a la Administración.

En caso de que no se alcance un acuerdo se podrá poner la reclamación en conocimiento de los servicios de Consumo de la Administración, que ofrecerán su valoración técnica de los hechos y propondrán una solución, al tiempo que asesorarán a la persona afectada sobre el mejor camino a seguir. En este sentido, la tramitación administrativa será más previsible, transparente y eficiente, ya que se crea un verdadero procedimiento administrativo con causas claras de inadmisión, un plazo máximo para admitir (15 días) y resolver (tres meses) y formas claras de terminación.

Por otra parte, con el nuevo decreto los consumidores y consumidoras también obtendrán un informe jurídico sobre la cuestión reclamada. Así, en el caso de que no sea posible realizar una mediación, arbitraje o trasladar el asunto a una entidad de resolución de litigios de consumo específica, el servicio público de Consumo que tramite la reclamación emitirá un breve informe no vinculante valorando jurídicamente el caso y orientando a la persona sobre cómo ejercer sus derechos.

Finalmente, la nueva normativa pone fin a algunas de las dudas existentes sobre hojas de reclamaciones. Entre otras cuestiones, el decreto aclara que no es necesario haber consumido para iniciar este trámite y que los profesionales colegiados deben disponer de hojas de reclamaciones, así como los establecimientos regulados por una normativa específica (bancos, estaciones de tren y autobuses).

Para finalizar la Jornada, se han organizado una serie de talleres o grupos de trabajo sobre la aplicación del nuevo Decreto, con el objetivo de analizar con más detalle aspectos de la tramitación, elaborar modelos de documentos, guías y pautas de actuación, así como aclarar dudas y recoger propuestas de mejora para algunos aspectos prácticos de cara a la puesta en marcha de la nueva normativa.

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