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AVISO sobre medidas económicas extraordinarias en materia de hipotecas y alquileres ante la situación generada por el COVID-19

A continuación se enumeran medidas extraordinarias aplicables a las personas consumidoras sobre determinados aspectos relacionados con los alquileres y las hipotecas, a causa de la situación generada por la expansión del coronavirus.
Vivienda y calculadora

ACTUALIZACIÓN (4 de junio de 2020)

Una vez que, desde el 4 de junio, en virtud del artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,  se reanudan los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, el Ministerio de Consumo ha lanzado una web para orientar a las personas consumidoras que hayan visto vulnerados sus derechos durante el estado de alarma. En dicha web, a la que se puede acceder mediante cualquier dispositivo digital con navegador de Internet, se atienden consultas relacionadas con viajes (vuelos, viajes combinados, tren, barco, autobús y alojamiento), espectáculos (festivales o conciertos y otro tipo de espectáculos), servicios (gimnasios, academias, residencias de estudiantes y otros servicios), entre otras cuestiones.

A partir del 4 de junio, se inicia de nuevo el plazo para que las personas consumidoras puedan volver a realizar acciones sometidas a un plazo determinado. En este sentido:

  • Para las adquisiciones o compras realizadas de forma previa al estado de alarma, el plazo para ejercer los derechos que pudieran asistir a las personas consumidoras se ha reactivado a partir del 4 de junio (con los días que restaran el 14 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de alarma, para que los plazos oportunos concluyeran).
  • Se ha activado de nuevo el plazo para ejercer el derecho de desistimiento.
  • Comienzan a contar los 14 días naturales previstos en el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para la resolución de los contratos. Este plazo afecta a los contratos que no hayan sido ejecutados desde la declaración del estado de alarma y hasta la fecha.

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Con fecha de 1 de abril, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Este Real Decreto-ley mantendrá su vigencia hasta 1 mes después del fin de vigencia de la declaración del estado de alarma (con independencia de las medidas que dispongan de un plazo determinado de duración que, por lo tanto, se sujetarán a este).

Asimismo, con fecha de 18 de marzo, el Gobierno publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19Este Real Decreto-ley mantendrá su vigencia durante 1 mes desde su entrada en vigor (hasta el 18 de abril de 2020), sin perjuicio de que se pueda prorrogar su duración. Igualmente, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

De igual forma, hay que tener en cuenta la aplicación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que supone la modificación, entre otras normas, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

A continuación, se enumeran las medidas más importantes en materia de hipotecas y alquileres que afectan a las personas consumidoras y usuarias. Además, desde Consumo Responde hemos recopilado las preguntas frecuentes relacionadas con estas cuestiones para aclarar posibles dudas y consultas habituales (consultar documento).

 

1) En la tramitación del procedimiento de desahucio derivado de contratos de arrendamiento de vivienda, una vez levantada la suspensión de los plazos procesales por la finalización del estado de alarma, se producirá la suspensión extraordinaria del lanzamiento por un periodo máximo de 6 meses desde el 2 de abril:

  • Cuando la persona arrendataria acredite ante el Juzgado encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida provocada por el Covid-19 que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.
  • Si la suspensión extraordinaria afecta también a las personas arrendadoras que acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social y económica sobrevenida provocada por el Covid-19, la Administración de Justicia lo comunicará a los servicios sociales competentes para que se puedan establecer el plazo de suspensión y las medidas de protección a tomar.

2) En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en los que finalice el periodo de prórroga obligatoria o el periodo de prórroga tácita (dentro del periodo comprendido entre el 9 de julio y el 30 de septiembre), podrá aplicarse, previa solicitud de la persona arrendataria, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un perioso máximo de 6 meses, durante los cuales:

  • Se mantendrán los mismos términos y las mismas condiciones establecidos para el contrato en vigor.
  • La solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por la parte arrendadora, salvo que se fijen otrs términos u otras condiciones por acuerdo entre las partes.

3) Moratoria de la deuda del alquiler. Dirigida a las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del Covid-19:

  • La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora (cuando esta sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor o persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados), hasta el 30 de septiembre de 2020, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta (siempre que tal aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre las partes).
  • Si no hay acuerdo entre las partes, la persona arrendadora comunicará expresamente a la arrendataria, en plazo máximo de 7 días laborables su decisión entre las aternativas establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y que son, básicamente:
  1. Reducción del 50% de la renta durante el tiempo del estado de alarma y las mensualidades siguientes si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses).
  2. Moratoria en el pago de la renta aplicable de manera automática durante el tiempo del estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses). La reestructuración de la deuda se haría por fraccionamiento de las cuotas durante, al menos, 3 años.
  • La persona arrendataria de contrato de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica, en el plazo de 3 meses, a contar desde el 2 de abril, podrá solicitar de la persona arrendadora, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta (siempre que ya no se hubiera conseguido de modo voluntario por acuerdo entre las partes). Recibida la solicitud, la persona arrendadora establecerá, en plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que se plantean.

4) Moratoria de la deuda hipotecaria. La moratoria de la deuda hipotecaria en los casos de vulnerabilidad económica provocada por el Covid-19, supondrá la referida a la deuda hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:

  • La vivienda habitual.
  • Inmuebes afectos a la actividad económica que desarrollen personas empresarias y profesionales.
  • Viviendas diferentes a la habitual en situación de alquiler y para las que la persona deudora hipotecaria persona física, propietaria y arrendadora de tales viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del estado de alarma (14 de abril), o deje de percibirla hasta 1 mes después de la finalización del mismo.

En virtud del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, las personas deudoras podrán solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020 de las entidades acreedoras, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen personas empresarias y profesionales.

La solicitud de la moratoria legal hipotecaria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de 3 meses (que podría ser ampliada) y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Además, durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir:

  • El pago de la cuota hipotecaria.
  • El pago de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.
  • El devengo de intereses.

Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, la moratoria legal (la regulada en los artículos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo) y una moratoria convencional, el acuerdo de moratoria convencional suscrito por la persona deudora recogerá de manera expresa el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella. La moratoria convencional queda regulada en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. De este modo

De acuerdo con la Disposición Adicional 15ª del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, el reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Asimismo, será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo por la citada entidad, a los efectos de que pueda procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad. Esto será aplicable a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aun cuando la solicitud o incluso su aceptación por la entidad acreedora se hubieran producido con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley (23 de abril de 2020).

5) Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, en virtud del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se establece una línea de avales para la cobertura del la financiación a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad social y económica ocasionado por el Covid-19. A este respecto, se ha publicado la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de las personas arrendatarias de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Del mismo modo, se publicó Resolución de 1 de mayo, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento COVID-19. A través de esta Orden:

  • Se establece la definición de los criterios y requisitos para que las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19 puedan acceder a las ayudas transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares.
  • Estos préstamos serán concedidos por entidades de crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Instituto de Crédito Oficial y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para la persona solicitante.

Accediendo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrá obtener una mayor información a respecto de esta línea de avales, en cuanto a, por ejemplo: requisitos que hay que cumplir para beneficiarse de la línea de financiación, documentación a presentar, dónde solicitar el préstamo, objetivo de la línea de financiación, casos de incumplimiento de requisitos, plazo de solicitud y periodo de vigencia de la línea, a qué se pueden destinar los fondos de los préstamos, el importe máximo avalado, intereses del préstamo, gastos o comisiones, etc.

Para mayor información al respecto de esta línea de avales, podrá acudir al Servicio de atención a la clientela del ICO, así como al Servicio de atención a la ciudadanía del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se regula un nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, en virtud del artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En su virtud, se ha pubicado la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Viivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En esta Orden se regulan, entre otros aspectos:

  • El programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
  • El programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La solicitud de las ayudas para contribuir al impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, así como su tramitación, resolución y gestión de su abono (una vez que se hayan acreditado por los órganos competentes el derecho de las personas solicitantes beneficiarias a obtenerlas), se llevará acabo por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, la Comunidad Autónoma concederá las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con la acreditación de tales circunstancias (a través de informe de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o servicios  sociales locales oportunos, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda). En estos casos, podrá ampliar la información en los distintos órganos con competencias en la materia:

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dispone de información sobre medidas urgentes y extraordinarias para combatir el impacto económico del COVID-19, así como sobre medidas de apoyo y ayudas al alquiler, moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias y suspensión del lanzamiento de su vivienda habitual de los colectivos vunerables, pudiéndose obtener en este caso más información sobre estas medidas en el Servicio de atención a la ciudadanía INFO.VIVIENDA (teléfono: 955 06 09 98 y buzón de INFO.VIVIENDA).

 

Si necesita información en materia de consumo no dude en contactar con nosotros. Le recordamos que estamos a su disposición de forma gratuita y continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través de esta misma página Web. Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede acercarse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo, presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

 

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