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AVISO sobre medidas económicas extraordinarias en materia de vivienda, financiación y suministros ante la situación generada por el COVID-19

A continuación se enumeran medidas extraordinarias aplicables a las personas consumidoras sobre determinados aspectos relacionados con la vivienda, la financiación y los suministros debido de la situación generada por la COVID-19.
Vivienda y calculadora

Con fecha de 1 de abril, el Gobierno publicó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Dicha norma ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, una de las cuales fue por Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Asimismo, con fecha de 18 de marzo, el Gobierno publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Igualmente, se publicó el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, así como el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

A continuación, se enumeran las medidas extraordinarias más destacables en materia de vivienda y suministros que afectan a las personas consumidoras y usuarias en virtud de las normas anteriormente mencionadas: 

1) Garantía de suministro de agua y energía a personas consumidoras vulnerables

2) Reconocimiento de la percepción del bono social de electricidad para ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad económica

3) Suspensión, durante el estado de alarma, del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional

4) Suspensión, durante el estado de alarma, del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal

5) Derecho de las personas arrendadoras y propietarias a la compensación en casos de suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos

6) Contratos de arrendamiento de vivienda habitual

7) Moratoria de la deuda del alquiler

8) Moratoria de la deuda hipotecaria

9) Suspensión de obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (créditos al consumo)

10) Líneas de avales y ayudas 

 

Garantía de suministro de agua y energía a personas consumidoras vulnerables.

Mientras esté vigente el estado de alarma (hasta el 9 de mayo de 2021) no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellas personas consumidoras en los que se dé la condición de persona consumidora vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión social (de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre). Para acreditar la condición de persona consumidora vulnerable ante las empresas suministradoras bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad. Además, para estas personas:

  • El periodo durante el que se mantenga en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos.
  • Será de aplicación la prohibición de la suspensión del suministro a aquellas personas consumidoras que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de persona consumidora vulnerable o vulnerable severa, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Esto se acreditará por certificación de dicha circunstancia ante la empresa suministradora por los servicios sociales oportunos o por personas o entidades mediadoras sociales (entidades del Tercer Sector de acción social con la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio), a la que acompañará:
  1. Fotocopia del DNI de la persona consumidora del punto de suministro de la vivienda, así como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda. 
  2. Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los miembros anteriores. Para dicha solicitud no se precisará el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio de la persona solicitante.

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Reconocimiento de la percepción del bono social de electricidad para ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad económica.

Además de los colectivos que, ya de por sí, tienen derecho a percibir el bono social, en virtud de la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se amplía, de manera temporal, el derecho a percibir el bono social eléctrico por parte de determinados colectivos considerados en situación de vulnerabilidad económica.

En cualquier caso, la condición de persona consumidora vulnerable para estos nuevos supuestos y, por lo tanto, el derecho a percibir el bono social para dichos colectivos se extinguirá con fecha de 30 de junio de 2021. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse al bono social de electricidad en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha, en virtud de la percepción ordinaria del bono social eléctrico. 

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Suspensión, durante el estado de alarma, del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional (aplicable desde el 23 de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021, que es el final del estado de alarma):

  • En todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por la persona arrendataria, o la finalización del plazo de duración de contratos de arrendamiento urbano (suscritos de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos), en los que se pretendan recuperar la posesión de la finca afectada, se haya suspendido o no previamente el proceso, la persona arrendataria podrá instar la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Si no estuviera señalado, por no haber transcurrido el oportuno plazo de 10 días del artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista. Estas medidas de suspensión extraordinarias y temporales, dejarán de surtir efecto en cuanto finalice el estado de alarma (a las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021).
  1. Presentación del incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el oportuno Juzgado (escrito con la documentación preceptiva).
  2. El personal Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la acreditación a la persona demandante, quien en plazo máximo de 10 días podrá acreditar ante el Juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adoptara la medida de suspensión.
  3. Presentados ambos escritos (por persona arrendataria y por persona demandante) se dará traslado de toda la documentación a los servicios sociales competentes, que elaborará el oportuno informe hacia el Juzgado en plazo máximo de 10 días en el que se valorará la situación de vulnerabilidad de la persona arrendataria y, en su caso, de la arrendadora.
  4. La persona titular del Juzgado oportuno, a la vista de la documentación y del informe de servicios sociales, dictará auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considerara acreditada la vulnerabilidad ecocnómica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad de la persona arrendadora. Si no se acredita la vulnerabilidad de la persona arrendataria o bien debiera prevalecer la vulnerabilidad de la persona arrendadora se acordará la continuación del procedimiento.
  5. Acreditada la vulnerabilidad, antes de que finalice el plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales con el fin de satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad.

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Suspensión, durante el estado de alarma, del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal (aplicable desde el 23 de diciembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021, que es el final del estado de alarma):

  • En estos supuestos, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título que las habilite para ello, la persona titular del Juzgado tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma (a las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021). Estas medidas de suspensión extraordinarias y temporales, dejarán de surtir efecto en cuanto finalice el estado de alarma (a las 00:00 horas del 9 de mayo de 2021).
  • Para poderse proceder a la suspesión del lanzamiento, será preciso que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 10 viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica correspondiente al artículo 5.a) del Real Decreto-ley 11/2020.
  • La persona titular del Juzgado tomará la decisión previa valoración del caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble esté causada por una situación de extrema necesidad (se valorará adecuadamente en informe de servicios sociales), así como las circunstancias relativas a la cooperación de las personas que habitan el inmueble afectado con las autoridades en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantice el derecho a una vivienda digna.
  • Para que se dé la suspensión anterior, quien habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. Asimismo, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán acreditar, además, que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad del artículo 5.a) del Real Decreto-ley 11/2020. El procedimiento de solicitud de suspesión es, en esencia, como sigue:
  1. La persona o personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica indicada con anterioridad presentará ante el Juzgado oportuno escrito con la documentación preceptiva.
  2. El personal Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la acreditación a la persona demandante o denunciante, y la trasladará de inmediato a los servicios sociales competentes, solicitándose informe de los mismos al respecto. Este informe deberá ser emitido en plazo máximo de 15 días, y en él se valorará la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan fijado su vivienda en el inmueble afectado, y en el que se identifiquen las medidas a aplicar por la administración oportuna.
  3. Acredotada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite la vivienda, la persona titular del Juzgado dictará auto acordando, en su cao, la suspensión por el tiempo que restara hasta el final del estado de alarma. Si la persona solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se encontrara entre las personas con derecho a instar la suspensión, la persona titular del Juzgado acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
  • En ningún caso se procederá a la suspensión del lanzamiento si la entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar, entre otros, en los siguientes supuestos:
  1. Cuando se haya producido en un inmueble propiedad de una persona física, si en el mismo tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada (con independencia del número de viviendas de las que sea persona propietaria).
  2. Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviera en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
  3. Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o vilencia sobre las personas.
  4. Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
  5. Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la misma a una persona solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda.

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Derecho de las personas arrendadoras y propietarias a la compensación en casos de suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos.

En los supuestos de suspensión extraordinaria durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional:

  • Estas personas podrán solicitar una compensación cuando la Administración oportuna, en los 3 meses siguientes a que se emita el informe de servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, no hubiera adoptado tales medidas.
  • La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos  corrientes de la vivienda que acredite haber asumido la persona arrendadora, por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por acabar el estado de alarma.
  • Si el valos anterior fuera superior a la renta que viniera percibiendo la persona arrendadora, la compensación consistirá en  la renta dejada de percibir durante el mismo periodo anterior más los gastos corrientes. 
  • La solicitud de compensación se podrá presentar hasta 1 mes después de la vigencia del estado de alarma (hasta las 00:00 horas del 9 de junio de 2021), debiendo formular la persona arrendadora una exposición razonada y justificada de la compensación procedente sobre la base de los criterios anteriores.

En los supuestos de suspensión extrordinaria durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  • Las personas propietarias de las viviendas afectadas tendrán derecho a solicitar una compensación si durante los 3 meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, tales medidas no se hubieran adoptado por la Administración oportuna y siempre que las personas propietarias acrediten que la suspensión del lanzamiento les haya ocasionado perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble.
  • Si se acreditara que concurre perjuicio económico, la compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido la persona propietaria, por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o por finalizar el estado de alarma.
  • La solicitud de compensación podrá presentarse hasta 1 mes después de la vigencia del estado de alarma (hasta las 00:00 horas del 9 de junio de 2021), debiendo formular la persona titular de la vivienda una exposición razonada y justificada de la compensación que considere procedente sobre la base de los criterios anteriores.

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Contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril de 2020 y el 9 de mayo de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria o el periodo de prórroga tácita previsto, podrá aplicarse, previa solicitud de la persona arrendataria, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses, durante los cuales se seguirán manteniendo los mismos términos y las mismas condiciones establecidos para el contrato en vigor.

La solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por la parte arrendadora, salvo que:

  • Se fijen otros términos u otras condiciones por acuerdo entre las partes.
  • O en el caso de que la parte arrendadora haya comunicado en los plazos y condiciones del artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su conyuge en los casos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

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Moratoria de la deuda del alquiler.

Dirigida a las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del Covid-19:

  • La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora (cuando esta sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados), hasta el 9 de mayo de 2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta (siempre que tal aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre las partes).
  • Si no hay acuerdo entre las partes, la persona arrendadora comunicará expresamente a la arrendataria, en plazo máximo de 7 días laborables su decisión entre las aternativas establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y que son, básicamente:
  1. Reducción del 50% de la renta durante el tiempo del estado de alarma y las mensualidades siguientes si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses).
  2. Moratoria en el pago de la renta aplicable de manera automática durante el tiempo del estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses). La reestructuración de la deuda se haría por fraccionamiento de las cuotas durante, al menos, 3 años. 

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Suspensión de obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (créditos al consumo).

Se trata de medidas de suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito al consumo (sin garantía hipotecaria) que estuviera vigente a la fecha de 2 de abril de 2020, cuando esté contratado por una persona física en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Estas medidas se aplicará igualmente a las personas fiadoras y avalistas de la persona deudora principal.

En virtud del Real Decreto 26/2020, de 7 de julio, de medidas de ractivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y viviendas, las personas deudoras que estén dentro del ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria (créditos al consumo), podían solicitar de la persona acreedora hasta el 29 de septiembre de 2020, la suspensión de sus obligaciones. Concedida la suspensión por la entidad acreedora, esta contaba con la duración de 3 meses que podría ser ampliables.

No obstante, de acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrerose podrá solicitar la suspensión del pago de las cuotas de la financiación, en este caso en los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, hasta el 30 de marzo de 2021 (dicho día incluido), por un plazo máximo de 9 meses:

  • Para quienes no hubieran solicitado de manera previa tal suspensión.
  • Para quienes hubieran disfrutado de una o varias de tales suspensiones por un plazo total acumulado inferior a 9 meses por cada financiación.

Con respecto a esta ampliación de la solicitud de suspensión:

  • La duración acumulada de estas suspensiones legales o acogidas a acuerdos sectoriales concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrán superar un total de 9 meses.
  • Las suspensiones concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y el 4 de febrero de 2021, mantendrán las condiciones y duración por las que fueron concedidas en su día.

Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente la moratoria legal (regulada en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo) y una moratoria convencional (aplazamiento de operaciones de financiación en virtud de acuerdos marco con entidades financieras), el acuerdo de moratoria convencional suscrito por la persona deudora recogerá de manera expresa el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella. La moratoria convencional queda regulada en los artículo 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.

La disposición adicional 15ª del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, establece que será obligación unilateral de la entidad acreedora promover la formalización de la póliza o escritura pública en la que se documente el reconocimiento de la suspensión de las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria prevista en el artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y la inscripción, en su caso, en el Registro de Bienes Muebles, siempre que el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible diferente de la hipoteca o hubiera accedido al Registro. Esto será aplicable a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aun cuando la solicitud o incluso su aceptación por la entidad acreedora se hubieran producido con anterioridad a la entrad en vigor del mencionado Real Decreto-ley 15/2020 (23 de abril de 2020). 

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Moratoria de la deuda hipotecaria.

La moratoria de la deuda hipotecaria en los casos de vulnerabilidad económica provocada por el Covid-19, supondrá la referida a la deuda hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios contratados para la adquisición de:

  • La vivienda habitual.
  • Inmuebes afectos a la actividad económica que desarrollen personas empresarias y profesionales.
  • Viviendas diferentes a la habitual en situación de alquiler y para las que la persona deudora hipotecaria persona física, propietaria y arrendadora de tales viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del estado de alarma (14 de abril), o deje de percibirla hasta 1 mes después de la finalización del mismo.

En virtud del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, las personas deudoras podían solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020 de las entidades acreedoras, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen personas empresarias y profesionales.

No obstante, de acuerdo con el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrerose podrá solicitar la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria, hasta el 30 de marzo de 2021 (dicho día incluido), por un plazo máximo de 9 meses:

  • Para quienes no hubieran solicitado de manera previa tal moratoria.
  • Para quienes hubieran disfrutado de tal moratoria por un plazo total acumulado inferior a 9 meses por cada financiación.

Con respecto a esta ampliación de la solicitud de suspensión:

  • La duración acumulada de estas moratorias legales o acogidas a acuerdos sectoriales concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrán superar un total de 9 meses.
  • Las moratorias concedidas entre el 30 de septiembre de 2020 y el 4 de febrero de 2021, mantendrán las condiciones y duración por las que fueron concedidas en su día.

La solicitud de la moratoria legal hipotecaria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de 3 meses (que podría ser ampliada) y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que, en su caso, constara en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Además, durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir:

  • El pago de la cuota hipotecaria.
  • El pago de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje.
  • El devengo de intereses.

Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, la moratoria legal (la regulada en los artículos 13.3, 14 y 15 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en los artículos 24.2 y 25 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo) y una moratoria convencional, el acuerdo de moratoria convencional suscrito por la persona deudora recogerá de manera expresa el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella. La moratoria convencional queda regulada en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. De este modo

De acuerdo con la Disposición Adicional 15ª del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, el reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la deuda hipotecaria prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no estará sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Asimismo, será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación a escritura pública del reconocimiento de la suspensión prevista en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo por la citada entidad, a los efectos de que pueda procederse a la inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de la Propiedad. Esto será aplicable a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aun cuando la solicitud o incluso su aceptación por la entidad acreedora se hubieran producido con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley (23 de abril de 2020). 

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Líneas de avales y ayudas.

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, en virtud del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se establece una línea de avales para la cobertura del la financiación a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad social y económica ocasionado por el Covid-19. A este respecto, se ha publicado la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de las personas arrendatarias de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Del mismo modo, se publicó Resolución de 1 de mayo, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento COVID-19. A través de esta Orden:

  • Se establece la definición de los criterios y requisitos para que las personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19 puedan acceder a las ayudas transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares.
  • Estos préstamos serán concedidos por entidades de crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Instituto de Crédito Oficial y no devengarán ningún tipo de gastos e intereses para la persona solicitante.

Accediendo al Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrá obtener una mayor información a respecto de esta línea de avales, en cuanto a, por ejemplo: requisitos que hay que cumplir para beneficiarse de la línea de financiación, documentación a presentar, dónde solicitar el préstamo, objetivo de la línea de financiación, casos de incumplimiento de requisitos, plazo de solicitud y periodo de vigencia de la línea, a qué se pueden destinar los fondos de los préstamos, el importe máximo avalado, intereses del préstamo, gastos o comisiones, etc.

Para mayor información al respecto de esta línea de avales, podrá acudir al Servicio de atención a la clientela del ICO, así como al Servicio de atención a la ciudadanía del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se regula un nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, en virtud del artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En su virtud, se ha pubicado la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (modificada por Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre). En esta Orden se regulan, entre otros aspectos:

  • El programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
  • El programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La solicitud de las ayudas para contribuir a minimizar impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, así como su tramitación, resolución y gestión de su abono (una vez que se hayan acreditado por los órganos competentes el derecho de las personas solicitantes beneficiarias a obtenerlas), se llevará acabo por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, pudiendo ser solicitadas dichas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2021.

Asimismo, la Comunidad Autónoma concederá las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con la acreditación de tales circunstancias (a través de informe de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o servicios  sociales locales oportunos, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda). En estos casos, podrá ampliar la información en los distintos órganos con competencias en la materia:

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dispone de información sobre medidas urgentes y extraordinarias para combatir el impacto económico del COVID-19, así como sobre medidas de apoyo y ayudas al alquiler, moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias y suspensión del lanzamiento de su vivienda habitual de los colectivos vunerables, pudiéndose obtener en este caso más información sobre estas medidas en el Servicio de atención a la ciudadanía INFO.VIVIENDA (teléfono: 955 06 09 98 y buzón de INFO.VIVIENDA).

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Si necesita información en materia de consumo no dude en contactar con nosotros. Le recordamos que estamos a su disposición de forma gratuita y continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través de esta misma página Web. Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede acercarse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo, presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

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