La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias está participando en una campaña de inspección de ámbito nacional para controlar el etiquetado y la seguridad de productos de bricolaje y herramientas a la venta en establecimientos de nuestra Comunidad. La campaña se está desarrollando en Andalucía por parte del personal inspector del servicio de Consumo de Almería, y en la misma participan también las comunidades autónomas de Asturias, Extremadura y Navarra.
En total, por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía está previsto realizar 30 controles de etiquetado, así como enviar 20 muestras de productos a laboratorio, donde se realizarán diferentes pruebas para su control analítico, con el objetivo de comprobar la calidad y seguridad de los mismos. La campaña se desarrolla sobre todo tipo de productos de bricolaje y herramientas, con especial atención a los martillos, que supondrán el 25% del total de productos analizados. Para su desarrollo, se visitarán todo tipo de establecimientos en los que se comercialicen estos productos, con especial atención a las tiendas de precio reducido y bazares.
Durante los controles, se verifica que los productos a la venta cumplen con los requisitos obligatorios de etiquetado, información y seguridad que establece la normativa. En este sentido, se comprueba que la etiqueta identifica adecuadamente a la persona o empresa responsable del producto, y que la información que se incluye es visible, legible, comprensible, e imborrable, además de figurar en castellano y en un lugar destacado.
En el caso de que se detecten irregularidades en los artículos que puedan afectar a la seguridad de las personas, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros, con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos.
Tanto en el caso anterior como si se detectan irregularidades de tipo informativo (por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano), se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para iniciar el oportuno procedimiento sancionador. Según la gravedad de la infracción, la ley establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 60.000 euros.
Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020, que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones derivadas del Covid-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.
Recomendaciones
Desde la Dirección General de Consumo se recomienda leer detenidamente el etiquetado antes de adquirir un producto para asegurarse de que es correcto y que identifica adecuadamente a su responsable, y prestar especial atención a las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso. En el caso de material eléctrico, se debe comprobar que en el envase figura el marcado CE, que indica que cumple con la normativa europea de seguridad.
Por otra parte, se debe pedir y conservar siempre el ticket o factura de compra, imprescindible para efectuar cualquier reclamación, devolución o cambio del producto. Asimismo, se recomienda, siempre que sea posible, realizar las compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que de esta manera se garantiza que cualquier posible discrepancia pueda quedar resuelta de forma rápida y gratuita. Igualmente, se recuerda que los establecimientos deben disponer de hojas de quejas y reclamaciones a disposición del público.
Además, conviene informarse antes de la compra sobre la política de devoluciones. En el caso de las compras por Internet existe el derecho de desistimiento, que permite, con carácter general, cancelar el contrato durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto, sin tener que alegar motivo alguno y sin penalización.
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es); del perfil de Twitter (@consumoresponde); y el de Facebook (https://www.facebook.com/consumoresponde/).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.