La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo y de sus servicios provinciales, está llevando a cabo una campaña de inspección dirigida a academias y centros privados de enseñanza con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias y evitar así que se oferten actividades de formación sin las debidas garantías. En total, se realizarán al menos 145 controles en las diferentes provincias andaluzas, en centros que imparten enseñanzas no regladas, es decir, que no conducen a la obtención de un título con validez académica.
La campaña se incluye un año más en el Plan de Inspección de Consumo, debido al volumen de quejas, reclamaciones y denuncias relacionadas con el sector, así como a las irregularidades detectadas en anteriores campañas de inspección. Además, se considera necesario continuar la labor de vigilancia del sector, especialmente en el actual contexto económico y social, marcado por un aumento en la oferta de cursos de formación que pueden crear expectativas de acceso a diferentes puestos de trabajo y de acreditación de requerimientos exigidos a nivel profesional.
En este sentido, las actuaciones se intensificarán en aquellos aspectos que han demostrado ser más vulnerables respecto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, como son la información precontractual, la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, el control de la contratación a distancia, etc. Para ello, la campaña se centrará en dos áreas claras de intervención: la publicidad y la información previa, y la contratación.
De este modo, se pondrá el foco en comprobar que se facilita a las personas usuarias información completa y correcta acerca de las características del centro y de los cursos ofertados, vigilando especialmente si se anuncia o no por parte de los centros la expedición de títulos oficiales, así como la homologación de los cursos con alguna institución oficial. También se vigilará que los contratos de enseñanza y de la financiación del coste de los cursos cumplan las disposiciones que protegen los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Se incidirá especialmente en cursos con modalidades de contratación a distancia, fundamentalmente vía Internet. Además, se controlará de manera específica la publicidad e información precontractual en relación con los cursos de idiomas, cuando hacen referencia en su publicidad a la acreditación de niveles de competencia definidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) o a la obtención de títulos oficiales, así como con los cursos que hacen referencia en su publicidad a la acreditación de los certificados de profesionalidad.
Se realizarán también controles en academias que oferten cursos de preparación de oposiciones, así como en centros de enseñanza en cuya publicidad se anuncie acceso fácil al mercado laboral. Consumo también velará por el cumplimiento de la normativa de aplicación en aquellos centros en los que se ha detectado una especial incidencia de quejas, denuncias y reclamaciones.
En el caso de que se detecten irregularidades, se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador. En este sentido, la normativa establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 60.000 euros en función de la gravedad de la infracción.
Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2017, que comprende un total de 27 campañas dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente. El desarrollo del Plan supondrá más de 8.000 controles y la toma de aproximadamente 300 muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.
Datos de la campaña del año anterior
En la última campaña de inspección a este tipo de establecimientos, realizada en 2016, se realizaron por los Servicios Provinciales de Consumo 167 actuaciones inspectoras en 138 centros de enseñanza. En total, 37 de esas actuaciones dieron actas positivas, es decir, que detectaron algún tipo de irregularidad, lo que supone el 22,16% del total.
El mayor porcentaje de incumplimientos se detectaron en el hecho de no informar de las características de los cursos impartidos y su precio en los folletos publicitarios; no exhibir en los lugares de atención al público un cartel u otro elemento informativo de los cursos impartidos y su precio, ni del nombre de la persona física o jurídica responsable del centro, así como la denominación, dirección y localización del centro; y no disponer el centro de acreditación por parte del organismo competente para la emisión de certificados de profesionalidad.
Recomendaciones
Antes de contratar un curso, se debe recabar toda la información del mismo, con especial atención a los contenidos, metodología, duración y programación, títulos o certificados que se expiden, titulación o cualificación profesional del personal docente del curso, precio total del curso y de los diferentes conceptos que lo forman (matrícula, inscripción, gastos de material, envío, etc.), así como formas y modalidades de pago.
Ante la posibilidad de financiar el pago del curso, es conveniente comparar distintas ofertas de financiación y escoger la que más se adecue a los intereses particulares de cada persona. Si se opta por financiar el pago del curso, se puede solicitar a la entidad con la que se va a realizar la operación una oferta vinculante en la que consten por escrito las condiciones de financiación, especialmente el tipo de interés aplicable y las comisiones y gastos derivados de la concesión del crédito; el importe de los pagos para amortizar el crédito; y el número de pagos, su periodicidad y fechas para su devengo. Hay que verificar que en el contrato no se faculta al centro de enseñanza a la cesión o subrogación del crédito, salvo consentimiento expreso por parte de la persona usuaria.
Una vez seleccionado el curso a realizar, es importante, antes de firmar el contrato, comprobar que se corresponda con lo acordado previamente con la empresa y con lo descrito en la publicidad. Una vez firmado el contrato se debe exigir una copia del mismo, así como de todos los documentos que lo acompañen, y un justificante o factura de los pagos realizados.
Debe conservarse siempre la publicidad de las ofertas, ya que las condiciones relativas a las características, finalidad y condiciones económicas que se incluyan en la misma serán exigibles en todo caso por la persona consumidora y usuaria, incluso aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado. Si en la publicidad del curso se hace referencia a puntuación en bolsas de trabajo, se recomienda solicitar la documentación en la que se acredite la cuantía, el baremo y las condiciones para validar esa puntuación, así como la copia del convenio con la entidad o empresa que debe reconocer los puntos.
Como norma general, los centros tienen la obligación de disponer de documentos y folletos informativos, que deben estar a disposición del público hasta la finalización del curso, con la siguiente información: nombre del curso, duración, horarios y contenido; clase se diploma, especificando que no se trata de un título con validez académica o profesional (salvo en los supuestos de cursos homologados); precio, incluyendo todos los conceptos del curso; e información relativa al centro, especificando denominación, dirección, localización del mismo y nombre de la persona física o jurídica responsable.
Por último, se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier duda o consulta sobre este tema, puede ponerse en contacto con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.e s, o del perfil de Twitter @consumoresponde.
También se puede recibir asesoramiento en las delegaciones territoriales de Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.