La Dirección General de Consumo quiere hacer hincapié en una de las herramientas más importantes a la hora de salvaguardar la seguridad y salud de las personas consumidoras y usuarias. Se trata de la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo, que se erige como un sistema de intercambio rápido de información, donde participan las autoridades encargadas del control de mercado, que se activa ante la existencia de un producto que pudiera generar riesgos para la seguridad. No obstante, en las notificaciones en la Red de Alerta se excluyen las medidas adoptadas sobre alimentos, medicamentos y productos sanitarios, y demás productos que ya cuentan con una normativa específica que regula la comunicación de sus riesgos.
En el ámbito que compete a la comunidad autónoma andaluza, la norma reguladora bajo la que se opera en este tipo de incidencias es el Decreto 5/2009, de 13 de enero, por el que precisamente se creó la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo, que contempla la adopción de medidas administrativas preventivas (en el marco de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía).
La activación de la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo se produce cuando la institución competente en el control de mercado, sea a nivel autonómico, nacional o europeo, adopta una medida para limitar la comercialización de un producto debido al riesgo que presenta para la seguridad de las personas consumidoras y usuarias. Es el Gobierno central, a través del organismo competente, en materia de consumo, el encargado de transmitir al resto de comunidades autónomas dicha alerta.
En Andalucía, el organismo encargado de estas funciones, entre muchas otras, es la Dirección General de Consumo. De esta manera, la red presenta dos ámbitos, uno nacional, SIRI (Sistema de Intercambio Rápido de Información), en el cual se intercambia la información entre los puntos de contacto de las CCAA, y otro comunitario (UE), RAPEX (Rapid Alert System for non-food dangerous products), entre los puntos de contacto nacionales y la Comisión Europea.
A nivel regional, el sistema se pone en funcionamiento cuando una autoridad encargada del control de mercado de un ayuntamiento-entidad local o Servicio de Consumo Provincial, adopta una medida para limitar la comercialización de un producto por riesgos para la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias se encarga de recepcionar dicha alerta, y tras evaluar el caso en cuestión –revisando toda la documentación del producto, analizando el riesgo que se ha detectado en el mismo, ya sea por verificación presencial, o como consecuencia de pruebas en laboratorio–, se tomará o no la decisión de trasladar al órgano competente estatal.
Al tratarse de cuestiones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos, la información debe ser clara y ágil, de manera que a través del SIRI se transmite la información a todos los puntos de contacto integrados en la red de alerta andaluza.
Una vez se verifica la inseguridad del producto en cuestión, se procederá a la retirada del mercado del mismo, además de inmovilizar la mercancía y estableciendo la prohibición de su venta por parte de la Administración, que también tomará medidas para recuperar los productos que ya se hubieran vendido.
Plan de Inspección de Consumo
Por norma general, la detección de productos presuntamente perjudiciales para las personas consumidoras y usuarias se derivan de las diferentes campañas de control y vigilancia en el marco del Plan de Inspección de Consumo, si bien también los consumidores, a través de sus denuncias y reportes, tienen la posibilidad de activar la Red de Alerta en torno a un producto presuntamente inseguro o insalubre. Por supuesto, los propios productores y distribuidores tienen la obligación de comunicar a la Administración la detección de un producto inseguro para su inclusión en la Red de Alerta en base a los controles de calidad a los que someten a sus productos.
En base al Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, productores y distribuidores deben notificar a las autoridades de las comunidades autónomas las medidas adoptadas sobre los productos incluidos en la Red de Alerta. Además, en aras de facilitar los procedimientos de alerta a nivel comunitario, existe una aplicación informática denominada ‘Business Alert Gateway’ (https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/), a través de la cual los productores-distribuidores deben notificar las medidas adoptadas.
¿Cómo debe obrar la persona consumidora?
Desde la Dirección General de Consumo, recordamos a todas las personas consumidoras de Andalucía que, en caso de encontrar algún producto que pudiera ser inseguro, debe denunciarse ante Consumo (Delegación Territorial de Salud y Familias en cada provincia de Andalucía). Para este procedimiento, basta con facilitar la información del producto (denominación, marca, lote, referencia, empresa responsable, etc.); identificar el lugar donde se adquirió dicho producto en cuestión –si se aporta, la factura, mucho mejor–; describir los hechos y aportar pruebas, tales como fotografías o vídeos, que puedan servir para demostrar el hecho denunciado.
Se puede acceder al listado de productos alertados a través de www.consumoresponde.es.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles en las redes sociales Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.