La actualización normativa en relación a los derechos de las personas consumidoras en las enseñanzas no oficiales (no regladas), y al derecho de información en aquellos casos afectados por el decreto de titulización de préstamos hipotecarios, han sido las dos materias en las que, con gran interés –alrededor de 80 participantes–, pudieron ahondar los asistentes y participantes en la Jornada Virtual de Formación sobre Novedades Normativas, celebrada ayer 12 de mayo, e impulsada por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
Alberto Fernández, director general de Consumo, y Blanca Fernández-Capel, directora gerente de la EASP, dieron la bienvenida institucional a todos los participantes, la mayoría de ellos miembros y responsables de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y al tejido empresarial, así como agradecieron tanto al ponente como al personal de la Dirección General de Consumo que ha coordinado estas novedades normativas, las dos intervenciones programadas en la Jornada Virtual de Formación, con las que se ha buscado ampliar el conocimiento en relación a dos importantes actualizaciones normativas.
Asimismo, Fernández también hizo extensivo el agradecimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública por “la acogida y el soporte tecnológico que nos presta, con su elevada experiencia en la realización de este tipo de eventos”. En esta ocasión, la jornada se desarrolló en formato telemático debido al actual contexto sanitario.
El director general de Consumo hizo hincapié en que, “se haya producido, o no, un conflicto de consumo, tenemos que tener en cuenta que todos somos consumidores”, de ahí la importancia de la continua actualización normativa para salvaguardar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y recalcó que “el hecho de que lo relacionado con esta materia funcione con normalidad, es porque hay mucho trabajo detrás para que eso sea así”.
Por su parte, Blanca Fernández-Capel, directora gerente de la EASP, también incidió en la labor que se realiza desde ambos organismos “al servicio del ciudadano, y estas jornadas suponen un reconocimiento de los derechos y deberes de todas las personas consumidoras”. Asimismo, resaltando el valor de la formación, indicó que desde la Escuela Andaluza de Salud Pública de Andalucía se trabaja en coordinación con la Consejería de Salud Pública y Familias para la puesta en marcha de un Máster o estudio de posgrado en materia de consumo con miras a facilitar la profesionalización de quienes quieran dedicarse a esta materia”.
Estas intervenciones dieron paso a las ponencias de la jornada, con la conferencia ‘Decreto 625/2019, de 27 de diciembre, por el que se regulan los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no oficiales’.
Como explicó el asesor técnico de Consumo, Jesús Loscertales, este decreto de la Junta de Andalucía sustituye al anterior (Decreto 175/1993), el cual requería de una actualización e impartición de las enseñanzas, ya que en el año 1993 apenas se comenzaba a usar internet, además de que en ese momento no existían muchas de las normas contractuales que existen hoy día para la contratación electrónica y a distancia. Entre otros aspectos, señaló que, “en cuanto a la promoción y publicidad en este ámbito, se deben cumplir los requisitos generales de la publicidad, y se ha de especificar el carácter no-oficial de la enseñanza para no dar lugar a confusiones”.
Además, en cuanto a la acreditación, explicó que el diploma “no es obligatorio y exige algún tipo de prueba de actitud o aprovechamiento, pero la persona usuaria sí tiene derecho al certificado de asistencia que acredite que dicha persona ha recibido la formación”. También incidió en que “el hecho de que una empresa esté domiciliada en otra comunidad autónoma, y no en Andalucía, no es impedimento para que la persona consumidora pueda iniciar procedimiento de sanción en caso de existir una presunta incidencia”.
Jesús Loscertales también desarrolló la segunda conferencia, titulada ‘Decreto 175/2020, de 27 de octubre, por el que se regula el derecho de información de las personas consumidoras y usuarias prestatarias y garantes en los casos de emisión de participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, así como en los de transmisión, cesión u otros actos o negocios jurídicos que puedan producir la alteración de la titularidad del contrato de préstamo hipotecario sobre la vivienda, o del derecho de crédito derivado del mismo’.
Se trata de la normativa conocida como decreto de titulización de préstamos hipotecarios, que establece una novedosa regulación, al objeto de que la persona consumidora tenga conocimiento tanto de dicha cesión como de aquellos extremos necesarios para la protección de sus derechos, en particular en relación con el retracto de créditos litigiosos, y la persona o entidad que ostenta legitimación para una eventual ejecución hipotecaria, pues con frecuencia dicha ejecución se insta por que no puede hacerlo, con perjuicio para el mismo. “No debemos confundir la cesión de titularidad de un contrato de préstamo hipotecario con la cesión del derecho de crédito”, ha manifestado el asesor técnico de la Dirección General de Consumo, aclarando que, en el primer caso, se cede el contrato completo a otra entidad financiera y obliga a informar del procedimiento, mientras que, en el segundo, únicamente se concede el derecho a la entidad bancaria para cobrar la hipoteca.
Los participantes mostraron en todo momento un altísimo interés a los contenidos explicados por Loscertales, como así lo demostraron con las numerosas dudas y preguntas que plantearon al ponente. Muchas de ellas no pudieron ser respondidas por cuestiones de tiempo, si bien desde Consumo y la EASP han anunciado que resolverán todas las dudas de los asistentes vía correo electrónico.
Con todo, tanto desde la Dirección General de Consumo como desde la Escuela Andaluza de Salud Pública han reiterado su agradecimiento al ponente por la claridad y la utilidad de sus intervenciones, así como han valorado la gran asistencia e interés mostrados por las personas asistentes y participantes. Alberto Fernández y Blanca Fernández-Capel han anunciado que ambos organismos proseguirán con esta labor de formación de profesionales de asociaciones y federaciones de asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y de personas de empresas de los sectores implicados en el consumo, siempre con el objetivo de que todas estas formaciones redunden en una continua optimización de los derechos de las personas usuarias y consumidoras de Andalucía.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles en las redes sociales Twitter (@consumoresponde) y Facebook (www.facebook.com/consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.