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Junta denuncia “desinformación y vulnerabilidad” ante los planes del Gobierno para liberalizar el dividendo digital

La Secretaría General de Consumo considera  "discriminatorio" el trato dado a Andalucía y rechaza la supresión del segundo múltiple digital autonómico

La Secretaría General de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, denuncia la "opacidad" del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en la implantación del dividendo digital en el Estado español, ya que no ha contado con la “participación directa” de la Comunidad andaluza en la elaboración del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y en la regulación de aspectos para liberar el denominado dividendo digital.

 

El departamento de la Junta trabaja con todos los agentes integrantes del Consejo Andaluz de Consumo en la aprobación de una resolución en la que expresarán lo ya formulado reiteradamente durante más dos años en sus órganos. En esta misma resolución, la Secretaría General de Consumo reivindicará la participación que le corresponde en un asunto que afecta de manera integral a las personas consumidoras y usuarias, operadores e instaladores de telecomunicaciones y las Entidades Locales.

 

La titular de este centro directivo, Dolores Muñoz, señala que "según el Estatuto de Autonomía, Andalucía tiene competencia en la organización, ordenación y control del sector audiovisual y que, por tanto, debe ser consultada en cualquier decisión que le afecte en esta materia. En este sentido, apelamos a la cooperación tal y como se hizo en la implantación de la TDT en 2008, lo que permitió minimizar el impacto sufrido por la ciudadanía en el tránsito de la televisión analógica a la digital”.

 

Desaprueba igualmente que la norma estatal suprima el segundo múltiple digital de cobertura autonómica, sin establecer ninguna alternativa ni tener en cuenta las posibles consecuencias que puede tener en la ciudadanía en general y en los prestadores de comunicación audiovisual que utilizan los canales asignados por el anterior Plan Técnico Nacional. Una situación que ya ha sido considerada como “discriminatoria” respecto de otras Comunidades autónomas a las que sí se les permite mantener un segundo múltiple “sin justificación aparente”. Este agravio comparativo no puede admitirse sin quebrar el principio de igualdad de trato a todas las comunidades autónomas que disponen de un segundo múltiple total o parcialmente ocupado.

 

La Secretaría General de Consumo teme, además, que se pueda producir una pérdida en la capacidad de gestión del sector audiovisual andaluz puesto que se impide que puedan desarrollarse proyectos diferenciados en el ámbito público y privado. Esto podría suponer limitar el crecimiento de un sector necesario para el desarrollo económico, social y cultural en Andalucía en el actualmente trabaja el Gobierno Andaluz.

 

A tenor de esta situación, insta al Ministerio a "crear de forma inmediata un grupo de coordinación para la liberación del dividendo digital específico para Andalucía", en el que estén representadas las personas consumidoras y usuarias, operadores y empresas instaladoras de telecomunicaciones, así como representantes de las administraciones públicas estatal, autonómica y local. Entiende que esta colaboración es necesaria para poder cumplir las obligaciones sobre el cese de emisiones para la liberación del dividendo digital, como se hizo en la transición de la televisión analógica a la digital.

 

Este departamento advierte que si bien hoy están contempladas las ayudas a las familias para la adaptación, poco se sabe del cómo se llevarán a cabo y por tanto la capacidad de intervenir ante posibles abusos o fraudes que se pudieran producir entre la población más vulnerable es mínima.

 

Desde Consumo también se hace hincapié en que no se haya contado con las entidades locales cuando "una buena parte de la población capta la señal de televisión gracias a los centros de difusión de TDT de extensión de cobertura y titularidad de dichas administraciones, que a su vez captan la señal de centros de los radiodifusores públicos y privados". Además, rechaza que el Estado no sufrague los costes de adaptación, circunstancia que “perjudica especialmente a un gran número de hogares andaluces” que verán vulnerado su derecho fundamental de acceso a la información. “Este hecho afectará directamente a la cohesión territorial y generará zonas en las que el derecho a la información quedará limitado”, alega Muñoz.

 

Igualmente censura “el incumplimiento del Estado” que, a través de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, estableció ayudas para cubrir el coste que supondría este proceso. Sin embargo, “ahora ha anunciado su intención de sufragar únicamente los costes de adaptación en los hogares pero no los de la adaptación de los centros de difusión de TDT de extensión de cobertura”, que deberán ser soportados casi en su totalidad por las entidades locales, con los consiguientes perjuicios económicos. En la resolución se advertirá de que “en caso de no llevarse a cabo la adecuación de estos centros, el efecto inmediato será la pérdida de la recepción de la señal de TDT en las poblaciones cubiertas desde dichos centros”.

 

Otra de las quejas es la falta de tiempo para cumplir con los plazos de tiempo fijados para la liberación del dividendo digital teniendo en cuenta las características del proceso de implantación.

 

 

Falta de información

 

La Secretaría General de Consumo manifiesta su “profunda preocupación por la desinformación reinante a la ciudadanía y a empresas instaladoras”, en especial la referida a “sobre cómo, cuándo y según qué criterios se tendrá acceso a las ayudas a las que se refiere el Estado”. Esta circunstancia, junto con el hecho de que no se haya publicado aún la convocatoria de ayudas, ha llevado a paralizar las adaptaciones que ya se habían iniciado en los hogares, por lo que no podrán concluir el proceso antes del 31 de diciembre próximo.

 

Consumo recuerda que la ciudadanía ya ha soportado los gastos provocados por el cambio a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y que esta reorganización se realiza para liberar un espacio radioeléctrico con el fin de destinarlo a una nueva tecnología, que muchas personas puede ser que no la utilicen nunca. Precisamente, para extender la cobertura de la TDT en toda la Comunidad, la Junta ha invertido 15 millones de euros durante el periodo 2008-2011.

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