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Junta denuncia que la ley de Garantía de la Unidad de Mercado vulnera competencias de Andalucía en consumo

La Secretaría General de Consumo critica el carácter recentralizador de la norma en beneficio exclusivo de los grandes operadores de mercado

La Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, rechaza la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al considerar que no sólo invade competencias exclusivas de la Comunidad autónoma y de las entidades locales sino que además vulnera competencias estatutarias sobre la protección de las personas consumidoras y usuarias.La norma, aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos del PP y el rechazo de la mayoría de los grupos de la oposición, pretende suprimir obstáculos y agilizar el desarrollo de la actividad económica. Para ello, elimina requisitos y obligaciones de las empresas y prestadores de servicios, lo que supone menos garantías y protección para las personas consumidoras y usurarias, olvidando que, además del principio de unidad de mercado reconocido en la Constitución, existen otros como el de autonomía, así como un modelo de Estado y un reparto competencial que se debe respetar.Según la Secretaria General de Consumo, Dolores Muñoz, la nueva norma "no sólo invade competencias autonómicas, sino que vulnera las competencias del Estatuto de Autonomía sobre la protección de las personas consumidoras y usuarias”. La titular de Consumo ha rechazado “frontalmente” el carácter “recentralizador” de la ley ya que “promueve paraísos regulatorios dentro de nuestro estado incentivando la desregulación de la actividad económica y la falta de control en perjuicio del conjunto de la ciudadanía, lo que va a provocar conflictividad entre las autoridades competentes”.Además, Muñoz ha denunciado que esta norma “limita la capacidad y competencia de Andalucía para dictar normas y legislar en defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias andaluzas, dejando nuestras iniciativas normativas en un cajón, como puede ser el caso de la futura Ley de protección a las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda, entre otras muchas leyes dictadas bajo las competencias exclusivas de Consumo en nuestra Comunidad Autónoma y que deberán ser obligatoriamente adaptadas",Por otra parte, a partir de ahora las empresas se regirán por las normativas de las Comunidades Autónomas en donde radique su domicilio fiscal, siendo éstos válidos para el resto de Administraciones, que se encargarán únicamente de supervisar y controlar que se cumpla la normativa. De este modo, si la Junta detecta que una empresa que presta servicios en Andalucía incumple la normativa vigente en materia de Consumo, no podrá sancionarla sino que deberá comunicarlo a la autoridad de origen para que ésta adopte las medidas oportunas, incluidas las sancionadoras que correspondan de acuerdo con la legislación.Este hecho "choca frontalmente" con la ley de Consumo andaluza, que permite sancionar a cualquier empresa incumplidora, con independencia de donde se encuentre su domicilio, en defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas consumidoras y usuarias.Según Dolores Muñoz, "esta ley impide el desarrollo de las competencias sancionadoras en materia de Consumo, y suponen una concentración de éstas en aquellas Comunidades Autónomas donde la mayor parte de empresas tienen su domicilio fiscal, en detrimento del resto".Para Muñoz “esta ley, amparada en la Directiva de Servicios, olvida deliberadamente los contenidos de ésta en materia de seguridad y garantías para las personas consumidoras, de hecho, ni siquiera son consideradas sujetos de la misma, sólo se ha tenido en cuenta el beneficio exclusivo de los grandes operadores de mercado, a los que sí les dedica atención expresa de su defensa, rompiendo el equilibrio existente hasta el momento” .Por ésta y otras razones, la Junta de Andalucía estudia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

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