La secretaria de Consumo recuerda el interés de la norma que trata de acabar con situaciones de abuso y desprotección de las personas consumidoras
La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Dolores Muñoz, junto con el coordinador de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Granada, José Vicente Pérez, ha inaugurado en Granada el 'Encuentro Provincial de Participación en el proyecto de ley de protección hipotecaria', con el que se pretende promover la aportación de agentes sociales y económicos a la futura norma que está elaborando la Junta para presentarla al Parlamento en los próximos meses.Muñoz ha subrayado el interés de la Junta por conseguir que la ciudadanía se implique en una ley de "gran calado social" en un momento en el que la sociedad se siente, en muchos casos, "desprotegida y víctima de condiciones abusivas" en la contratación de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.Éste es precisamente el objetivo de esta norma, que trata de reforzar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias que contraten productos hipotecarios. En este contexto, la secretaria de Consumo ha advertido de nuevo que "la administración andaluza dejará de ser neutral" posicionándose a favor de la mayoría social.Desde un primer momento, la Consejería competente en materia de consumo ha querido que el texto de la Ley cuente con aportaciones de agentes sociales y económicos para "enriquecerlo entre todos", además de lograr el mayor consenso posible. Con esta finalidad, el borrador de la Ley se ha remitido a los integrantes del Consejo Andaluz de Consumo, las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas en Andalucía (FACUA, UCA/UCE y AL-ANDALUS), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Asimismo, puede consultarse en la página Web http://www.calri.junta-andalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/opencms/portal/portada.jspDolores Muñoz ha señalado que esta Ley es necesaria ante el "escenario social de sufrimiento e injusticia" motivado por una realidad económica adversa para la ciudadanía en la que la sociedad demanda respuestas a los poderes públicos. En el encuentro ha explicado que ésta será una Ley que actuará en el ámbito de la prevención y que afectará tanto a las personas que suscriban una operación con garantías hipotecarías como a las que avalen la operación, y será especialmente una ley garantista para las personas más vulnerables, mayores y personas con discapacidad.Igualmente, la secretaria general de Consumo ha explicado que es una Ley que piensa en el presente y en el futuro y que conlleva una mayor transparencia en la información para proteger a la ciudadanía en la contratación de créditos hipotecarios, así como, en el caso de incumplimiento ante la pérdida de la vivienda y la demanda de cantidades, a veces abusiva para la persona. El borrador de la futura ley, se estructura en distintos bloques relativos a la transparencia en la contratación, exigiendo una actuación honesta y profesional de las empresas, transparencia referida a las tarifas de comisiones, información previa a la contratación de contratos de crédito o préstamos hipotecarios dirigida a las personas consumidoras y en la propiamente contractual, así como la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras y el desarrollo de un régimen sancionador ante los incumplimientos de las entidades financieras.En cuanto a la publicidad, el borrador prevé que se indique de manera destacada si, en caso de incumplimiento, la garantía del contrato alcanza al valor de la vivienda hipotecada y al resto de los bienes presentes y futuros del consumidor o si se limita sólo al valor de la vivienda. También deberán detallarse los gastos que conlleva el impago de la cuota, si los hubiera, y advertir de forma expresa si hay riesgo de perder la vivienda en caso de que se incumplan los compromisos adquiridos en el contrato de crédito. Otras obligaciones y garantíasEl texto que prepara la Junta contiene igualmente la obligación de las entidades de crédito y empresas prestamistas de evaluar la solvencia de las personas consumidoras y usurarias, tomando como referencia los ingresos presentes y futuros, ahorros y deudas, entre otros parámetros. Para garantizar los derechos de las personas consumidoras, el borrador de la norma prevé que la Junta promueva entre las entidades que gestionan estos créditos la adhesión al sistema de arbitraje de consumo para una mejor y más ágil resolución de posibles conflictos. InspeccionesAdemás, la secretaría general de Consumo amplia el ratio de trabajo con las campañas de inspección realizadas a las entidades bancarias y empresas de intermediación financieras, se ha constatado un aumento de incumplimientos en los servicios pasando del 31% en 2008 al 58% en la campaña realizada en 2010. Y dando prioridad a las irregularidades en la comercialización de participaciones preferentes que han supuesto hasta el momento la apertura de expedientes sancionadores a seis entidades financieras.
