La Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía desarrolla durante 2026 una nueva campaña autonómica de control general de información, calidad y seguridad de productos industriales, con el objetivo de comprobar que los productos puestos a disposición de las personas consumidoras cumplen los requisitos obligatorios de etiquetado, información y seguridad.
La campaña es de ámbito autonómico y se desarrolla desde el mes de febrero hasta diciembre de 2026 por parte de todos los Servicios Provinciales de Consumo de Andalucía. Las actuaciones incluyen alrededor de 800 controles de artículos en establecimientos de todas las provincias andaluzas, así como la toma de muestras de productos para su análisis en laboratorio.
Entre los principales objetivos de la campaña figuran la verificación del cumplimiento de las obligaciones de etiquetado, información y seguridad; el control analítico de los requisitos esenciales de calidad y seguridad industrial aplicables a los productos; y, en caso de detectarse incumplimientos, la adopción de las correspondientes medidas preventivas, sancionadoras (o ambas).
La inspección del año en curso tiene como principal novedad la vigilancia del cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 relativo a la seguridad general de los productos, aplicable a los productos introducidos en el mercado desde el 13 de diciembre de 2024. Esta norma exige que los productos lleven información en castellano, y que se indique un número de modelo, lote o serie u otro elemento que permita su identificación; el nombre del fabricante, su nombre comercial registrado o marca registrada y sus datos de contacto; el nombre o marca registrada y datos de contacto de la persona responsable en la UE de este producto; las instrucciones e información claras para un uso seguro; si el producto es importado, los datos del importador; y que el marcado CE se encuentre correctamente incorporado cuando proceda.
Los resultados de la campaña desarrollada en 2025 ponen de manifiesto la importancia de este tipo de controles. El pasado año se levantaron 744 actas de inspección, de las que 168 presentaron irregularidades, lo que supone un 22,58% del total, tras haberse visitado 464 establecimientos. Además, de las 26 muestras de productos tomadas para ensayo, tres resultaron no conformes, por incumplimientos relacionados con el etiquetado o con la seguridad.
Entre las principales irregularidades detectadas en 2025 figuraban la falta de información en castellano, la ausencia de identificación del fabricante o importador, la omisión de los datos de composición o del origen del producto, la utilización incorrecta del marcado CE y la inexistencia o insuficiencia de instrucciones y advertencias de uso.
La Junta de Andalucía subraya que estas campañas contribuyen a reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras, garantizando que los productos comercializados en Andalucía ofrezcan la información necesaria y reúnan las condiciones de calidad y seguridad exigidas por la normativa vigente.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias