La Secretaría General de Consumo vigilará que no se comercialicen productos alimenticios modificados genéticamente sin que sea expresamente indicado en la etiqueta
La Secretaría General de Consumo asume la puesta en marcha de la Proposición No de Ley relativa al establecimiento de una moratoria de transgénicos en Andalucía por la que se prohíbe su cultivo en Espacios Naturales Protegidos y se implica a las organizaciones agrarias a tener en cuenta la voz de las personas consumidoras.
La Secretaria General de Consumo, Dolores Muñoz, ha insistido hoy ante el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) que “es urgente y necesario la puesta en marcha de la moratoria que prohíbe el cultivo de transgénicos en nuestra Comunidad Autónoma mientras se estudia si la normativa estatal y europea responde a las garantías que la ciudadanía solicita”.
Tras varias peticiones de convocatoria por parte de la Secretaría General de Consumo, hoy ha tenido lugar el primer encuentro del Comité de Control de OMG encargado de recibir y otorgar las autorizaciones correspondientes a la utilización confinada y a la liberación voluntaria de OMG para cualquier otro fin distinto del de su comercialización.
La responsable de Consumo ha instado a la Secretaría de Agricultura, así como a los representantes del gobierno andaluz en dicho comité, a avanzar con urgencia en la paralización de la liberalización de cultivos transgénicos hasta que se lleve a cabo la revisión de la normativa española. Muñoz ha remarcado que “ha llegado la hora de poner sobre la mesa el acuerdo de gobierno, Andalucía tiene que ser proactiva y convertirse en la dinamizadora del necesario debate sobre de los transgénicos y su liberalización al medio ambiente”.
La Secretaría General de Consumo, sensible y concienciada con este tema, ha realizado en años anteriores campañas de control sobre este tipo de productos, que incluían la vigilancia del etiquetado de los mismos y la toma de muestras para su posterior análisis en laboratorio. Para el presente año se va a ejecutar una nueva campaña de inspección a nivel nacional, a la que se han adherido 4 Comunidades Autónomas, siendo Andalucía proponente y la responsable de la planificación.
En esta campaña se realizarán en Andalucía 60 estudios de etiquetado y 60 tomas de muestras para comprobar que no se comercializan productos transgénicos, sin que expresamente sea indicado en el etiquetado, tal y como establece la normativa de aplicación a los mismos, y vigilando también que dicha etiqueta cumpla con lo establecido en la normativa general de información obligatoria para de productos alimenticios.
De esta forma, se pretende que las personas consumidoras dispongan de mayor información y más rigurosa sobre los alimentos que adquieren en el mercado.
Dolores Muñoz asegura que “estamos exigiendo a los fabricantes la máxima transparencia hacia las personas consumidoras. Velamos porque todos los productos transgénicos o que procedan de otros que hayan sido modificados, informen de este hecho en la etiqueta”.
Además, la Secretaría General de Consumo, ante el desconocimiento de las personas consumidoras, ha impulsado un grupo de trabajo en el que se encuentra la Plataforma Andaluza Libre de Transgénicos (PALT) y las federaciones de personas consumidoras, así como el sector empresarial, y la Administración, con el objetivo principal de analizar la normativa vigente y detectar posibles campos de mejora. Dolores Muñoz insiste en que “vamos a desarrollar al límite la protección de las personas consumidoras en el derecho a la información; es primordial que la ciudadanía sepa por qué y cómo se producen estos nuevos alimentos, y tengan la garantía de unos controles eficaces y, sobre todo, que sean libres a la hora de elegir entre alimentos que hayan sido o no modificados genéticamente”.
Por último, Muñoz ha manifestado la necesidad de trasladar el debate a las personas consumidoras ya que mediante la compra pueden influir de manera decisiva en las decisiones sobre el futuro de esta tecnología. La ciudadanía debe conocer que existe cierto recelo a la inocuidad de los alimentos, sus efectos sobre el medio ambiente y la idea de que las personas consumidoras asumen los riesgos mientras los productores reciben los beneficios.
En Andalucía, desde 1998, la superficie estimada de maíz transgénico varía, hasta 2006 entre cantidades insignificantes, para iniciar a partir de 2007, un ascenso continuado que se sitúa en 2013 en 14079 hectáreas, frente a las 43350 totales. Lo que posiciona a Andalucía entre las Comunidades Autónomas con mayor superficie sembrada de maíz transgénico por detrás de Aragón, Cataluña y Extremadura, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.