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Las personas afectadas por las preferentes pueden reclamar la nulidad de los contratos o recurrir a la vía penal, según los casos

La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía dicta un decreto en el que informa de las acciones que pueden ejercerse, tras comprobar la existencia de irregularidades

Las personas afectadas por la adquisición de participaciones preferentes pueden reclamar en vía judicial la anulación de los contratos que suscribieron por vicios de consentimiento ante la falta o defectuosa información proporcionada así como utillizar la vía penal, para el caso del delito de estafa, según cada caso.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha dictado un decreto en el que informa de las actuaciones que ha llevado a cabo en relación con las reclamaciones presentadas por las personas afectadas. Asimismo, el texto de la Fiscalía reconoce que ha habido una "mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras denunciadas por la comercialización de preferentes, ya que han incumplido diversos preceptos legales así como la directiva comunitaria que obliga a los bancos a realizar un examen a los clientes antes de venderles productos financieros considerados por los expertos como "activos financieros de carácter complejo y de alto riesgo".

Según el decreto de la Fiscalía, el alto riesgo viene dado porque se trata de un producto que ofrece una alta rentabilidad en los tramos iniciales pero va condicionada a que la entidad financiera obtenga beneficios importantes. Si éstos no se producen, la participación va devaluándose. Por ello, la directiva comunitaria 2004/39 de 21 de abril de 2004 obliga a las entidades financieras a realizar sendos test de idoneidad y de conveniencia, que, en algunos casos, no se han llevado a cabo según se desprende de las investigaciones policiales realizadas. Además, se han detectado muchos caso en los que se han adquirido participaciones sin la firma del interesado y otros muchos en los que los afectados son personas de edad avanzada y que no superaron el test de conveniencia.

En el decreto, la Fiscalía informa también que el inicio de la investigación policial ha dado lugar a que algunas entidades implicadas hayan procedido a la devolución a los interesados de los capitales invertidos. En este sentido, recuerda que en un primer momento las personas afectadas reclamaron ante las propias entidades sin obtener resultado alguno hasta que se puso en marcha la actuación judicial. Como consecuencia de las irregularidades detectadas, la Fiscalía detalla los tres tipos de actuaciones que se pueden emprender. En primer lugar, exigir el cese inmediato de la conducta abusiva frente a los consumidores y prohibir que vuelva a producirse.

Esta actuación pueden realizarla las asociaciones de consumidores y usuarios, el Ministerio Fiscal así como entidades de otros Estados Miembros de la Unión Europea que tengan entre sus funciones la defensa y protección de los intereses de los consumidores. En segundo lugar, las personas afectadas pueden reclamar que se declaren nulos o anulables los contratos suscritos para la adquisición de participaciones preferentes en los que no aparezca la firma del inversor o que no se hayan realizado el correspondiente test de conveniencia o que éste haya resultado negativo.

Asimismo, se podrá solicitar la nulidad en los supuestos en que haya quedado demostrado que los contratos se suscribieron con personas consideradas no adecuadas para la adquisición de preferentes bien por su edad o su escasa formación. En estos casos, ya existen sentencias de diferentes juzgados españoles que están apreciando dicha nulidad por falta de consentimiento, es decir, por considerar que la persona no era consciente de lo que contrataba. Estos hechos, según informa la Fiscalía en su decreto, pueden dar lugar a que se anule el contrato devolviendo a los afectados las cantidades invertidas, además de resarcirles por los perjuicios ocasionados.

La tercera y última vía que ofrece la Fiscalía Superior de Andalucía es la penal, que podrán ejercer las personas que hayan sido victimas de engaño, lo que podría considerarse como un caso de estafa e incluso de falsedad documental apropiación indebida. Por último, la Fiscalía Superior de Andalucía acuerda remitir las denuncias presentadas -- cerca de 400-- a las Fiscalías Provinciales de Andalucía para que se encarguen de tramitar las denuncias correspondientes a su ámbito de actuación.

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