La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía ha tramitado desde 2012 un total de 5.745 solicitudes
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha defendido hoy durante la inauguración del III Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía el proceso de consolidación que ha experimentado el arbitraje de consumo como servicio público en estos tres años últimos de gestión, frente a los intentos de eliminación o privatización que han intentado imponerse desde el Gobierno central (reforma del Real Decreto 231/208) y desde Bruselas (Directiva 2013/11/UE). La Junta ha reforzado este sistema desde la premisa de que el arbitraje es, según Valderas, “la mejor alternativa a la vía judicial, ya que ofrece un canal de solución rápido, eficaz, ejecutivo y sencillo”, en los conflictos que surgen entre las personas consumidoras y el empresariado.
Para este refuerzo del sistema de arbitraje, se ha creado en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía una nueva unidad: el Servicio de Medicación, Reclamaciones, Arbitraje e Información, dotándolo de mayores recursos, y se ha potenciado la cooperación y el debate con los agentes implicados en el grupo de trabajo de Arbitraje de Conflictos del Consejo Andaluz de Consumo. Precisamente, mediante la celebración de esta jornada técnica, a la que han asistido más de un centenar de profesionales de todas las administraciones (central a la autonómica, provincial y municipal), del mundo de la empresa y de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.
Valderas ha apreciado el valor del arbitraje no sólo como medida de protección a quien es la “parte débil” de la relación comercial, la persona consumidora, y de sistema para buscar una solución gratuita, también es una medida del “compromiso social” de las empresas que se adhieren voluntariamente al sistema. Estas empresas ofrecen una “garantía adicional” a su clientela, que sabe que en situación de conflicto, un órgano imparcial estudiará el caso y dará una solución. “En un mercado tan complejo, la adhesión al arbitraje de consumo supone una enorme ventaja competitiva además de una apuesta por ofrecer un servicio de calidad y respetuoso de la clientela y sus intereses”, ha subrayado, recordado que en la actualidad son 3.067 empresas las que se han incorporado ya.
Las piezas claves dentro de este sistema son los árbitros a los que, en el caso de los funcionarios, Valderas les ha reconocido su “labor incansable a favor del servicio público”, y en el caso de los árbitros no funcionarios, ha querido poner sobre la mesa el “empeño y compromiso personal” por solucionar el problema del pago de las indemnizaciones por las asistencias a las audiencias arbitrales.
La Junta Arbitral autonómica, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, se constituyó un 3 de diciembre de 1993 y en 2003 se creo su Sección de Arbitraje Turístico con sede en Málaga. Además de ella existen otras 19 juntas arbitrales de Consumo: ocho provinciales, dependientes de las Diputaciones y con sede en las respectivas capitales de las provincias andaluzas; y 11 municipales, dependientes de los municipios capitales de las provincias andaluzas, además de El Ejido (Almería), Jerez de la Frontera y San Fernando (Cádiz).
Desde el inicio de la legistalura en 2012 hasta la actualidad, la Junta Arbitral Autonómica ha tramitado 5.745 solicitudes, que dan como resultado 2.596 laudos y 851 expediente mediados.