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Valderas denuncia el “agravio” de la nueva ley de Administración Local con el Estatuto de Autonomía de Andalucía

El vicepresidente presentará al Consejo de Gobierno un informe para que adopte las medidas necesarias que impidan “una discriminación”

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha denunciado el “agravio” que supone la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para la Comunidad andaluza puesto que, además de atentar contra competencias garantizadas por el Estatuto de Autonomía Andaluz exime al País Vasco de su aplicación.

 

Situación que ha denunciado Valderas en Sevilla, en una rueda de prensa en la que ha informado sobre cómo afectará el nuevo diseño de la administración local en materia de consumo. Al encuentro con los medios han asistido la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, y representantes de las organizaciones de consumidores Facua y Al Andalus y del Consejo Andaluz de Consumo, cuyo pleno ha aprobado una resolución en la que rechaza la ley “que modifica radicalmente y suprime la defensa de las personas consumidoras y usuarios como competencia propia de los municipios”.

 

El vicepresidente ha insistido en que “no vamos a consentir un atropello contra nuestro Estatuto de Autonomía que tiene la misma fuerza legal que el del País Vasco”.

 

Ha explicado que en este rechazo la Junta no está sola sino que cuenta con las organizaciones de consumidores, ayuntamientos gobernados por PSOE, IU y PA, así como entidades locales de menos de 20.000 habitantes, todos “frente a un retroceso municipal y a la osadía del PP y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que han aprobado una ley que nace muerta”. En este sentido, ha aclarado que se trata de una norma “inaplicable” y ha asegurado que el Gobierno andaluz no va a consentir “que se mutile cualquier aspecto de capacidad de competencia que reconoce el Estatuto de Autonomía a los municipios y que garantiza y refuerza la Ley de Autonomía Local de Andalucía”.

 

Una vez aprobada la ley, la dirección general de Administración Local va a realizar un “análisis pormenorizado”de la reforma para conocer el “alcance de la misma en el conjunto del territorio andaluz”. El informe se trasladará al Consejo de Gobierno para que adopte las medidas oportunas entre las que se encuentra la posibilidad de plantear un recurso inconstitucionalidad, ha indicado Valderas.

 

Igualmente ha señalado que “vamos a hacer un llamamiento a los ayuntamientos para reclamar su papel y autonomía”. Además, ha anunciado un próximo encuentro con la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar la ley de la que ha subrayado que tiene por delante “un largo recorrido”.

 

Ha añadido que “curiosamente estamos ante una ley cuando menos dormida” toda vez que se aprobó ayer, se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero no se “aplicará íntegramente” hasta 2016, después de las elecciones municipales.

 

Por último, el vicepresidente ha denunciado que la ley es fruto de “un gobierno sumiso, que no manda y que se somete a los dictados de la 'Troika' y las grandes empresas”.

 

Consumo

Por su parte, la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, ha manifestado que “hoy es un día luctuoso” al tiempo que ha denunciado “la deslealtad del Estado con Andalucía” y que “se está deconstruyendo el Gobierno local”.

 

Ha explicado que la norma “cierra la primera puerta a la que llaman las personas consumidoras en Andalucía, las OMICs” que constituyen un pilar básico en defensa de los derechos de las personas consumidora. Ha subrayado que los “más afectados” serán los municipios de menos de 20.000 habitantes y “la participación ciudadana” que se va a ver “muy tocada puesto que cae de lleno”.

 

Por otra parte, el director de Administración Local, Francisco Javier Camacho, ha destacado que “la sociedad entera está en contra de la reforma” y ha denunciado que se “aprobó con tintes de cobardía política” al eximirse al País Vasco de su aplicación y posponer la entrada en vigor efectiva de la nueva administración local a partir de 2016.

 

Según Camacho, la ley “quita protagonismo a las corporaciones locales” y “lo peor es que se suprime la esencia del municipalismo”. Por todo ello, considera que “hoy es un día triste para la democracia local porque se produce un regreso al pasado y al centralismo”, ha concluido el máximo responsable de esta materia en la Junta de Andalucía.

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