El vicepresidente pide a los grupos políticos y los agentes sociales y económicos que hagan aportaciones para enriquecer la ley de garantía hipotecaria
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha reiterado que “Andalucía no será neutral ante los abusos y engaños de las entidades financieras” en los contratos y préstamos hipotecarios. Con este objetivo nace el anteproyecto de Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda, que pretende “garantizar una Andalucía libre de fraude y transparente”.
Valderas ha comparecido a petición propia en la Comisión parlamentaria de Administración Local y Relaciones Institucionales para informar de la futura ley, pionera en España, y que supone “una muestra más de la preocupación del Gobierno andaluz por situarse del lado de la ciudadanía y en concreto de los más débiles, atendiendo a las demandas de la sociedad”.
En este sentido, ha matizado que “no habrá complacencia y que la Junta no se mantendrá impasible frente a quienes abusando de su fuerza empujan al débil a la exclusión social”.
El vicepresidente ha desglosado las novedades de esta norma, que reforzará la protección de las personas consumidoras que suscriban préstamos hipotecarios así como de quienes les avalen. Igualmente, se obliga a las entidades financieras a hacer pública en su web toda la información relativa a estas operaciones y a realizar un estudio de solvencia de la persona que solicita el préstamo. La advertencia de cláusulas suelo y abusivas, así como de las consecuencias que conlleva el impago de las cuotas, son informaciones que serán obligatorias con esta ley.
Respecto al “posible malestar” que la norma ha provocado en notarios y registradores de la propiedad por la obligación de informar de las operaciones hipotecarias, Valderas ha dejado claro que “existe una gran diferencia entre estos profesionales y las personas que tienen obligaciones hipotecarias”.
Para los incumplimientos, se endurece el actual régimen sancionador recogido en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, introduciéndose nuevas sanciones e incrementándose las cuantías vigentes en torno a un 30%. En este sentido, Valderas ha subrayado que esta norma va a permitir “redoblar nuestra capacidad sancionadora frente a quienes incumplen con los ciudadanos”. En esta línea, ha recordado que desde 2011 hasta la fecha se han concluido un total de 8.996 expedientes sancionadores por un importe total de 12,8 millones de euros.
No obstante, ha defendido la “importancia del diálogo” con las entidades antes de dar lugar a sanciones aunque se aplicará a quienes no cumplan la normativa. En este sentido, ha mostrado la “absoluta disposición” de su Departamento a abordar y aclarar con bancos y cajas cualquier discrepancia que pudiera surgir en torno a la norma.
Sobre las críticas y comparaciones del anteproyecto con otras normas similares, ha aclarado que “Andalucía va más allá que otras Comunidades autónomas en protección al consumidor y usuario”. En concreto, se ha referido a la ley impulsada por la Comunidad de Madrid ---actualmente recurrida por el Gobierno de la nación ante el Tribunal Constitucional-- indicando que el nivel de protección establecido en algunos de sus artículos es menor al andaluz, puesto que “la Junta con esta norma ha avanzando decididamente hasta el límite competencial que permite nuestro Estatuto de Autonomía”.
En su intervención en la Cámara ha recalcado la “necesidad y oportunidad” de una norma como ésta de “gran alcance social, económico y político”, que se está elaborando con el fin de “garantizar a la ciudadanía mecanismos honestos y claros en su relación con las corporaciones financieras”.
Enriquecer la ley
El texto de la futura norma se articula en 6 Títulos y 21 artículos, así como 5 disposiciones adicionales, 1 transitoria y 2 finales. Hasta el próximo 15 de octubre el texto está en trámite de audiencia, periodo durante el cual grupos políticos y agentes sociales y económicos pueden realizar aportaciones y sugerencias para contribuir a “enriquecer y mejorar el anteproyecto”.