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Algunos aspectos de la ejecución forzosa del laudo arbitral

Ante el incumplimiento del laudo arbitral por una de las partes, la otra puede acudir a los tribunales para que obligue a cumplirlo, ya sin entrar en la cuestión que planteó el conflicto.

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En el Estado de Derecho la ejecución forzosa es la actividad jurisdiccional por excelencia. Cuando la parte demandada no cumple voluntariamente con lo que se ordena, puede la parte demandante acudir al órgano judicial para obtener la prestación reconocida, a fin de obtener la prestación. La ejecución forzosa es una actividad procesal que, en todo caso, tiene lugar a instancia de parte. Se trata del ejercicio de la acción, del derecho a obtener la tutela judicial efectiva.

Para la ejecución forzosa del laudo será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, el previsto en el artículo 858 de la LEC. La ejecución del laudo no tiene un tratamiento distinto ni separado del previsto en la LEC para la ejecución de sentencias de condena.

La equiparación expresa entre la ejecución del laudo y de la sentencia procedente del órgano judicial es consecuencia de que nuestro ordenamiento ha reconocido al resultado del procedimiento arbitral un valor semejante al que concede al resultado de la actividad jurisdiccional, algo por otra parte lógico, habida cuenta de la libertad de las partes para acudir al arbitraje. Por ello, si se incumpliera lo dictado por el laudo y no fuera posible exigir su cumplimiento forzoso, como ocurre con la sentencia, el arbitraje carecería totalmente de virtualidad práctica.En lo relativo a la intervención de abogado y procurador, es importante tener en cuenta la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto Ley 5/2012 de 5 de marzo en el que se añade que, “Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2 .000 euros .”

Por otra parte, la Constitución Española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La justicia gratuita en España se administra de forma diferente en función de la legislación aplicable en cada Comunidad Autónoma.

En la Comunidad Autónoma Andaluza, el órgano encargado de coordinar las ocho Comisiones de Justicia Gratuita es la Consejería con competencias en materia de Justicia, de acuerdo con el Decreto 273/2001, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 216/1999, de 26 de octubre que desarrolla el Reglamento de Asistencia Gratuita de Andalucía.

Cuando se realiza la solicitud, el Colegio de Abogados de la zona de residencia del solicitante, hará llegar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud y ellos determinarán si se le acepta o deniega este servicio.

En cuanto a las tasas judiciales, la interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo está liberada del pago de dichas tasas.

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