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¿Cómo se constituye una Junta Arbitral de Consumo?

Crear una Junta Arbitral de Consumo en un municipio es muy sencillo. Sólo es necesario que cumpláis dos requisitos. Estos son, firmar un convenio de colaboración con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (antes INC) y aprobar la correspondiente ordenanza municipal.

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Para crear una Junta Arbitral de Consumo municipal basta con que firméis un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Consumo (actual Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) en el que se constituya la Junta Arbitral de Consumo y se establezca su régimen jurídico.

El arbitraje de consumo es una competencia propia de los municipios andaluces, por lo que su ejercicio supone el establecimiento de un nuevo servicio municipal que, de conformidad con la ley, requerirá la aprobación de una ordenanza municipal que cree dicho servicio y establezca su régimen de funcionamiento.

Esta ordenanza será aprobada por el Pleno municipal, y se podrá delegar esta competencia en las Comisiones del Pleno, en el caso de municipios de gran población. La ordenanza determinará, al menos, lo siguiente:

  • Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones que incluya.
  • Forma de financiación del servicio.
  • Modalidad de gestión.
  • Estándares de calidad del servicio.
  • Derechos y deberes de los usuarios.
  • Régimen de inspección y de valoración de calidad de cada servicio.

Así pues, toda Junta Arbitral de Consumo es un órgano peculiar y de naturaleza mixta, y es que, por una parte, es un órgano creado por acuerdo entre la Administración estatal y la local, ya que la legislación que regula el arbitraje de consumo, que es de competencia exclusiva del Estado, exige que las Juntas Arbitrales de Consumo se constituyan de esta manera "pactada".

Pero al mismo tiempo, y sin que ello contradiga lo anterior, el ejercicio del arbitraje de consumo es una competencia municipal que se lleva a cabo a través del correspondiente servicio público municipal, que debe contar con la correspondiente infraestructura municipal que le dé soporte, y que debe crearse conforme la legislación establece.

Esta dualidad es la razón de por qué el presidente de una Junta Arbitral de Consumo no tiene que ser necesariamente la misma persona que ejerza la jefatura del servicio público de arbitraje.

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