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Cómo se tramita un proceso de arbitraje de consumo

Una persona consumidora puede iniciar un proceso de arbitraje bien presentando una Hoja de Quejas y Reclamaciones oficial de la Junta y marcando la opción correspondiente, bien presentando directamente una solicitud en un Registro Público dirigida a una Junta Arbitral de Consumo, o en la Oficina Virtual.

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Una vez que la solicitud de arbitraje llega a la Junta Arbitral de Consumo su presidente puede resolver:

- Admitirla a trámite, si cumple todos los requisitos exigidos en la ley. La admisión puede ser recurrida por ambas partes (persona consumidora o empresaria) ante la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo o a través de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.

Si la empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo mediante Convenio en la Junta Arbitral, se le dará traslado de la solicitud de arbitraje para que realice cuantas alegaciones estime oportunas o proponga un acuerdo con la parte reclamante.

Si la empresa no está adherida y el reclamante ha solicitado expresamente que sea una determinada Junta Arbitral de Consumo la que resuelva su asunto, se le dará igualmente traslado de la solicitud para que, si acepta el arbitraje, realice cuantas alegaciones estime oportunas o proponga un acuerdo con la parte reclamante. Como el arbitraje es voluntario, si la empresa no lo acepta expresamente se procederá a notificar al reclamante el archivo del expediente.

- Rechazarla, si no cumple los requisitos exigidos por la ley. La normativa que regula el Arbitraje de Consumo no permite utilizar este medio de resolución de conflictos cuando los litigantes son dos empresas, autónomos o profesionales. Igualmente, serán rechazadas las solicitudes en las que los conflictos versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos. También serán rechazadas las que resulten infundadas, es decir, las que no justifiquen adecuadamente los hechos reclamados, y aquéllas en las que no se aprecie afectación de los derechos y legítimos intereses económicos de los consumidores.

La inadmisión podrá ser recurrida por ambas partes ante la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo o a través de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.

- Requerir al reclamante la subsanación de la solicitud, si no reúne los requisitos mínimos exigidos en la ley, para lo cual se concederán quince días hábiles. Si no se efectúa la subsanación se desestimará la solicitud.

- Trasladarla a otra Junta Arbitral de Consumo. Esto sucederá cuando:

1. La empresa reclamada no está adherida a la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía y sí a la municipal o provincial.

2. La empresa reclamada no está adherida a ninguna Junta y el reclamante no ha expresado su voluntad de acudir a una Junta en concreto. En este caso, se trasladará el expediente a la Junta Arbitral de Consumo de inferior ámbito territorial.

3. La empresa reclamada está adherida a varias Juntas y el reclamante no ha expresado su voluntad de acudir a una en concreto. En este caso, se trasladará el expediente a la Junta Arbitral de Consumo de inferior ámbito territorial.

- Admisión de la solicitud

Una vez admitida la solicitud y aceptado el arbitraje, si las partes no han llegado a ningún acuerdo como consecuencia de la mediación previa de la Junta Arbitral de Consumo, se designará al órgano arbitral que ha de conocer el asunto y se citará a las partes al acto de audiencia.

El órgano arbitral podrá ser, bien un Árbitro Único propuesto por la Administración o por las partes de común acuerdo, bien un Colegio Arbitral formado por tres árbitros (uno a propuesta de la Administración, otro a propuesta de las asociaciones de consumidores y usuarios, y otro a propuesta de las organizaciones empresariales).

Celebrada la audiencia, el órgano arbitral dictará un laudo en el que se decidirá la cuestión y que será de obligado cumplimiento

Celebrada la audiencia, a la que se citará al consumidor y a la empresa reclamada para que aleguen lo que estimen conveniente, el órgano arbitral dictará un laudo en el que se decidirá la cuestión y que será de obligado cumplimiento por ambas partes.

Contra este laudo arbitral sólo cabe presentar Recurso de Anulación ante la Audiencia Provincial donde tenga su sede la Junta Arbitral en el plazo de dos meses desde que se notificó el mismo o, en su caso, su aclaración.

Las causas para ello serán:

a) Que el convenio arbitral mediante el cual la empresa se adhirió al Sistema Arbitral de Consumo no existe o no es válido. Por convenio arbitral se entiende el documento en el que las partes en conflicto manifiestan su voluntad de resolver las controversias que puedan surgir o hayan surgido en una relación jurídica de consumo a través del Sistema Arbitral de Consumo.

b) Que no ha sido debidamente notificada la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido hacer valer sus derechos.

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a la ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público.

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