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El arbitraje de consumo colectivo

El arbitraje de consumo colectivo tiene por objeto resolver en un sólo procedimiento arbitral de consumo los conflictos que hayan podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores, afectando a un número determinado de éstos.

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El organismo encargado de resolver los procedimientos arbitrales colectivos será la Junta Arbitral de Consumo que sea competente en todo el ámbito territorial en el que estén domiciliados los consumidores cuyos derechos e intereses hayan podido verse afectados.

Las actuaciones se iniciarán por acuerdo del presidente de la citada Junta, de oficio o a instancia de las asociaciones de consumidores representativas en el ámbito territorial en el que se haya producido la afectación a los intereses colectivos de los consumidores o de las Juntas Arbitrales de inferior ámbito territorial.

Adoptado el acuerdo de iniciación de actuaciones, la Junta requerirá a las empresas responsables de los hechos para que manifiesten, en el plazo de quince días desde la notificación, si aceptan someter al Sistema Arbitral de Consumo la resolución de los conflictos en un único procedimiento, y, en su caso, para que propongan un acuerdo conciliatorio que satisfaga total o parcialmente los derechos de los consumidores afectados.

Si las empresas no aceptan la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo en este único procedimiento arbitral, se procederá al archivo de las actuaciones sin más trámite, informando a todas las Juntas Arbitrales de Consumo y, en su caso, a quién pidió que se iniciara el procedimiento.  

Si se acepta la adhesión al Sistema ésta se notificará a las Juntas Arbitrales de Consumo, y se llamará a los consumidores afectados para que hagan valer sus legítimos derechos e intereses individuales en este procedimiento mediante la publicación de un anuncio en el diario Oficial que corresponda al ámbito territorial del conflicto. Además, el presidente de la Junta podrá acordar otros medios para dar publicidad al llamamiento.

El llamamiento a los afectados se realizará por un plazo de dos meses desde su publicación y deberá contener el acuerdo de iniciación de actuaciones del presidente, la indicación del lugar en el que los interesados podrán tener acceso, en su caso, a la propuesta de acuerdo conciliatorio realizada por las empresas, así como la advertencia de los efectos de la presentación de la solicitud de arbitraje fuera del plazo de dos meses.  

Una vez efectuado el llamamiento, el presidente de la Junta procederá a la designación del órgano arbitral, que dictará laudo arbitral en el plazo de dos meses desde la publicación del llamamiento.

La notificación de la aceptación por parte de las empresas para resolver en un único procedimiento arbitral los intereses colectivos de los consumidores provocará la suspensión de la tramitación de las solicitudes individuales de arbitraje que tengan su causa en los mismos hechos, salvo en el caso en que ya se hayan iniciado las actuaciones del órgano arbitral. En este caso se deberá informar a la Junta responsable del arbitraje colectivo en el plazo de quince días desde la notificación de la aceptación.

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