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El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas. Claves para entender el pronunciamiento del Tribunal Supremo y la decisión posterior del Gobierno

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018 obligaba a la entidad prestamista y no a la persona prestataria al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, contradiciendo de este modo el pronunciamiento de marzo de 2018 del propio Tribunal Supremo. Ahora el Gobierno establece por Real Decreto-Ley que son las entidades prestamistas quienes deberán pagar el impuesto.

¿Qué es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados?

La elevación a escritura pública es elemento esencial de los préstamos hipotecarios. Dicha elevación exige el pago del denominado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

El IAJD se regula por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo. Con respecto a este impuesto:

  • Se aplica a los actos jurídicos documentados: escrituras, actas y testimonios notariales, letras de cambio, anotaciones preventivas practicadas en Registros Públicos.
  • El sujeto pasivo del impuesto, en los documentos notariales, será la persona adquirente del bien o derecho, o aquella que inste el documento, o a cuyo interés se expida.
  • Se trata de uno de los gravámenes que hay que pagar cuando se adquiere una vivienda (junto al IVA o, en su caso, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), siendo un gasto típico a la hora de formalizar una hipoteca en escritura pública.
  • Forma parte de los gastos de constitución de las hipotecas (junto a los gastos de gestoría, tasación y notaría).
  • Llega a suponer en torno al 70% de los gastos de constitución de la hipoteca.
  • Al ser un impuesto transferido a las Comunidades Autónomas, cada una establece el porcentaje que supone sobre la operación de compraventa.

¿Qué ha sucedido al respecto con el pronunciamiento del Tribunal Supremo?

En virtud de la sentencia hecha pública en febrero de 2018, el Tribunal Supremo establecía que era la persona prestataria (la clientela) la que debía proceder al abono del IAJD y no la entidad prestamista.

Con fecha de 16 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo dictamina, en virtud de la sentencia 1505/2018, que debe ser la entidad prestamista la que proceda a abonar el IAJD y no la persona prestataria (la clientela). El Tribunal Supremo, por lo tanto, corrigió lo que se hizo público en febrero.

Finalmente, con fecha de 6 de noviembre, el Tribunal Supremo decide que el impuesto debe ser abonado por la clientela y no por las entidades prestamistas.

¿Cómo ha respondido el Gobierno ante el pronunciamiento final del Tribunal Supremo?

Con fecha 9 de noviembre ha sido publicado el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta norma, que es aplicable a partir del 10 de noviembre de 2018, establece:

  • La modificación del concepto de sujeto pasivo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, contemplándose que en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo a la entidad prestamista. Es decir, quien tendrá que pagar el IAJD será la entidad prestamista.
  • Que estarán exentas del pago del IAJD las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que la entidad prestataria sea, entre otras: Estado, Administraciones Públicas territoriales e institucionales; cajas de ahorro, fundaciones bancarias (para adquisiciones destinadas a su obra social); Iglesia Católica, iglesias, confesiones y comunidades religiosas con acuerdo de cooperación con el Estado; partidos políticos con representación parlamentaria; Cruz Roja Española; Organización Nacional de Personas Ciegas Españolas (ONCE). Es decir, en estos casos, la entidad prestamista no pagará el IAJD.
  • En virtud de la modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, la imposibilidad de que las entidades bancarias puedan deducirse el pago del IAJD (en los supuestos de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria), para el próximo periodo impositivo (aplicable, por lo tanto, a partir de enero de 2019).

Por lo tanto, la modificación normativa sólo afecta a una aspecto parcial del IAJD, la referida a los documentos notariales y solo correspondiente a préstamos con garantía hipotecaria.

Consecuencias.

De acuerdo con todo lo anterior:

  • A partir del 10 de noviembre de 2018 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 17/2018) en todas las hipotecas que se escrituren, será la entidad prestamista la que deba pagar el IAJD. Si por la circunstancia que fuera dicha entidad no accediera a ello, podrá interponer la oportuna reclamación ante la mencionada entidad.
  • En las hipotecas escrituradas con anterioridad al 10 de noviembre, hasta el momento el IAJD ha sido pagado por la persona consumidora. En estos supuestos:
  1. Cabría esperar a un futuro y previsible proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (de forma parecida a como sucedió con la cuestión de las cláusulas suelo), para ver quién finalmente paga el impuesto, y si hay pronunciamiento en cuanto a la retroactividad o posible abusividad.
  2. Las personas afectadas (que pagaron el impuesto) pueden intentar negociar con la entidad prestamista la devolución del mismo y, en su caso, plantear la oportuna demanda judicial por cláusula abusiva. Si bien esta vía judicial implicará costes para la persona consumidora ya que será preciso, en su caso, la personación con profesionales de la abogacía y la procuraduría, y además no asegura que el proceso acabe de manera favorable para la persona consumidora.
  3. Ante esta situación, y la complejidad del asunto, siempre es recomendable que las personas que puedan estar afectadas por el pago del impuesto se asesoren convenientemente por personas expertas en materia legal o en Asociaciones de Personas Consumidoras ya que muchas de ellas han creado, o tienen previsto crear, plataformas de personas afectadas.

 

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