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El laudo arbitral. Supuestos de anulación

Un laudo es la resolución que dicta el órgano arbitral (unipersonal o colegiado). Sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes. Es vinculante, de obligado cumplimiento para las partes, y tiene la eficacia de una sentencia judicial. Existen varios supuestos de anulación del laudo arbitral.

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El laudo es la resolución que dicta el órgano arbitral y que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes. Tiene carácter vinculante, es de obligado cumplimiento para las mismas, y tiene la misma eficacia que una sentencia judicial.

El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que dicta un juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje, como forma de resolver el litigio, debe ser aceptado por ambas partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o posteriormente, cuando ya ha surgido el conflicto).

Cabe destacar, que el laudo arbitral es un título ejecutivo dictado por la Junta Arbitral, que sin embargo no puede hacerse ejecutar por la misma, por lo que el interesado debe acudir a los Tribunales Ordinarios para que se ejecute el laudo que estima su pretensión.

El laudo, tal y como viene recogido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje  “produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes”.

Por ello, la anulación del laudo es un medio rescisorio de la cosa juzgada material derivada de la firmeza del laudo, distinta del proceso arbitral y cuyo objeto se circunscribe exclusivamente a determinar la legalidad del proceso arbitral en su conformación, desarrollo y conclusión, y no, por tanto, a un nuevo enjuiciamiento de las cuestiones de fondo resueltas en el laudo. Sólo (de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje), podrá alegarse y probarse lo relativo a:

Inexistencia o invalidez del convenio arbitral.

  1. Que la designación de un árbitro no haya sido debidamente notificada a la parte, o que no hayan sido debidamente notificadas a ésta las actuaciones arbitrales, o que aquélla no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
  2. Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.
  3. Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de la Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.
  4. Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
  5. Que el laudo sea contrario al orden público.

El órgano competente para conocer de la acción de anulación del laudo es la  Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del lugar donde se hubiere dictado el laudo, según la nueva redacción dada al apartado 5 del artículo 8 de la Ley de Arbitraje por la Ley 11/2011, de 20 de mayo de Reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de 2003, de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje Institucional de la Administración General del Estado.

La legitimación activa no sólo corresponde a quien fue parte en el proceso arbitral, sino también a quien acredite un interés directo y legítimo en el ejercicio de la acción de anulación, así como, en su caso, al Ministerio Fiscal.

Pasivamente legitimados están quienes fueron parte en el proceso arbitral.

El plazo para ejercitar la acción de anulación es de dos meses a partir de su notificación o, en caso de haber solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de dicha resolución.

 

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