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El papel de las Entidades Locales de Andalucía en la defensa y protección de las personas consumidoras

A continuación se expone el rol que juegan las entidades locales de Andalucía en la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, habida cuenta de lo que se recoge en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). Entre otros aspectos, fue modificado el artículo 25, sobre competencias de los municipios. Dicha modificación, supuso la supresión a toda referencia realizada a las competencias en materia de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, no existiendo ninguna alusión a terminología similar.

No obstante, la anterior modificación no implica la desaparición, por supresión, de las competencias de las entidades locales en materia de protección y defensa de las personas consumidoras. Todo ello tomando como referencia el llamado bloque constitucional de normas que, empezando por la Norma Suprema del ordenamiento jurídico como es la Constitución Española, prosiguiendo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y tomando en consideración la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), así como la Ley 13/2003 de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

En virtud de lo expuesto:

  • La LRSAL no prohíbe ni impide el ejercicio por parte de las entidades locales de las competencias expuestas en otros ámbitos materiales no recogidos en la modificación de la LBRL.
  • No existe impedimento para que las Comunidades Autónomas, en las materias en las que hayan asumido competencias legislativas en virtud de sus propios y respectivos Estatutos de Autonomía (y Andalucía, por ejemplo, así lo ha hecho en materia de Régimen Local), identifiquen las competencias específicas que corresponden a la entidad local. Ya en el artículo 7.1 de la LBRL se establece que las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. Asimismo, en el artículo 7.2 del mismo texto normativo, se establece que las competencias propias de los municipios, provincias, islas y demás entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad.
  • Por lo tanto, las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias a través de sus Estatutos de Autonomía (y Andalucía lo ha hecho), pueden mediante la legislación sectorial identificar o determinar las concretas competencias que corresponden a los municipios en esta materia.
  • Las entidades locales de Andalucía tienen como competencia propia (y obligación de ejercerla) la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, con independencia de que la LBRL modificada por la LRSAL no las establezca. Entre las competencias propias de las entidades locales se encuentran la ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
  • Las entidades locales andaluzas tienen la competencia propia en la materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias, sin necesidad de que la Comunidad Autónoma de Andalucía se las delegue. Por lo tanto, han de seguir ejerciendo las mencionadas competencias que venían desempeñando al disponerlo la normativa autonómica (Estatuto de Autonomía, LAULA, Ley 13/2013,…). Todo ello, sin perjuicio de que otras entidades locales no andaluzas deban dejar de ejercer tales competencias ante la ausencia de normativa autonómica que las regulen.

De acuerdo con todo lo expuesto con anterioridad, y en virtud de la normativa autonómica aplicable, las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuentan con una serie de competencias en materia de consumo, que deberán ser ejercidas en todo caso, sin necesidad de que la Comunidad Autónoma deba delegar el ejercicio de las mismas, ya que se trata de competencias propias de las mencionadas entidades locales.

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