Inicio » Artículos

Obligaciones de los proveedores

El punto de partida de toda la regulación relacionada con la seguridad de los productos es el deber general de no perjudicar ni poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores.

En este sentido, cuenta con contenido específico y diferenciado para los productores, en sentido amplio, y para los distribuidores. A este respecto destaca, junto con el deber de retirar del mercado los productos inseguros y de informar de los riesgos, el deber de los productores de mantenerse informados de los riesgos que sus productos puedan presentar, con el fin de poder cumplir, con la mínima diligencia, con su deber de retirar los que sean inseguros o hacer las correcciones necesarias para evitar los riesgos.

 

Asimismo, se expresa que el deber que tienen de recuperar los productos inseguros cuando ya estén a disposición del consumidor sólo supone una modalidad del deber de retirada.

En este sentido, son obligaciones de los productores:

 

a) Mantenerse informados de los riesgos que dichos productos puedan presentar e informar convenientemente a los distribuidores. Para ello, registrarán y estudiarán aquellas reclamaciones de las que pueda deducirse la existencia de un riesgo y, en su caso, realizarán pruebas por muestreo de los productos comercializados o establecerán otros sistemas apropiados.

 

b) Cuando descubran o tengan indicios suficientes de que han puesto en el mercado productos que presentan riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, adoptarán, sin necesidad de requerimiento de los órganos administrativos competentes, las medidas adecuadas para evitar los riesgos, incluyendo informar a los consumidores mediante la publicación de avisos especiales, retirar los productos del mercado o recuperarlos de los consumidores.

 

c) Indicar, en el producto o en su envase, los datos de identificación de su empresa y de la referencia del producto o, si procede, del lote de fabricación, salvo en los casos en que la omisión de dicha información esté justificada. Los datos que se relacionan con el lote de fabricación deberán conservarse por el productor, para cualquier producto, durante tres años. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podrá reducirse al de un año a partir del final de esa fecha.

 

En resumen. Los distribuidores tienen el deber de distribuir sólo productos seguros, por lo que no suministrarán productos cuando sepan, por la información que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito. Así, dentro de los límites de sus actividades respectivas, participarán en la vigilancia de la seguridad de los productos puestos en el mercado, en concreto:

 

a) Informando a los órganos administrativos competentes y a los productores sobre los riesgos de los que tengan conocimiento.

 

b) Manteniendo, durante un plazo de tres años después de haber agotado las existencias de los productos, y proporcionando la documentación necesaria para averiguar el origen de los productos, en particular la identidad de sus proveedores, y, en caso de no ser minoristas, su destino, y proporcionando aquélla a las autoridades que la soliciten.

 

c) Colaborando eficazmente en las actuaciones emprendidas por los productores y los órganos administrativos competentes para evitar dichos riesgos.

 
Los distribuidores tienen el deber de distribuir sólo productos seguros

Cuando los productores y distribuidores hayan puesto a disposición de o suministrado a las personas consumidoras y usuarias un producto notificado a través de la Red de Alerta, colaborarán con los órganos administrativos competentes, a petición de éstos, en las actuaciones emprendidas para evitar los riesgos que presenten estos productos.

 

En particular, deberán facilitar toda la información pertinente que se les demande, incluida aquella que pudiera estar protegida por el secreto comercial e industrial, en el plazo máximo de cinco días, salvo que por la urgencia del caso concreto se indique uno inferior.

 

Asimismo, deberán mantener bajo estricto control los productos sometidos a medidas restrictivas, absteniéndose de disponer de ellos en cualquier forma hasta la autorización de los órganos administrativos competentes.

Valora el artículo: