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El contrato de préstamo hipotecario

Durante el proceso de contratación de un préstamo hipotecario, las entidades prestamistas y los servicios de intermediación han de actuar de buena fe, con objetividad, imparcialidad, honesta y profesionalmente, facilitando información de forma correcta, completa, veraz, objetiva y adaptada a las circunstancias de las personas consumidoras y usuarias y garantes.
Protección hipotecaria

Derechos de las personas consumidoras y usuarias con relación a la contratación del préstamo hipotecario.

- Derecho de las personas consumidoras a examinar y disponer de una copia del proyecto de escritura pública en el despacho de la notaría elegida por éstas, al menos durante los 3 días hábiles anteriores a su formalización (las empresas prestamistas y los servicios de intermediación les comunicarán la puesta a disposición de dicho documento).

- Si en el examen de la documentación, la persona notaria detectara discrepancias entre el contenido de la oferta vinculante y el proyecto de escritura hipotecaria, la persona consumidora tiene derecho a ser informada de la existencia de estas discrepancias. Si estas discrepancias no fueran corregidas, se deberá informar a la persona consumidora de la posibilidad de no formalización del contrato.

- Cuando en los contratos se utilicen cláusulas no negociadas individualmente regirá la buena fe y el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes (esto implica la no utilización de cláusulas abusivas que, en el caso de existir, serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas).

- Las condiciones del contrato serán redactadas con concreción, claridad y sencillez, de comprensión directa y legible para las personas consumidoras, evitando resaltar o utilizar tecnicismos que generen confusión u omisión de información esencial y determinante.

- En el contrato deberán reflejarse de manera destacada: las cláusulas sobre la amortización, los intereses, los intereses de demora, las condiciones de subrogación, y los instrumentos de cobertura riesgo de interés.

- Derecho de las personas consumidoras a que las personas notarias, en el ejercicio profesional de su función pública, les aconsejen, asesoren con imparcialidad, presten asistencia e informen de forma gratuita y comprensible en la contratación de préstamos hipotecarios.

Durante toda la vigencia del contrato de préstamo hipotecario.

Si se produce alguna circunstancia que modifique el préstamo o que implique su extinción, que se produzca tras la firma del mismo, deberá ser notificada de forma expresa y fehaciente por la empresa prestamista a la persona titular del préstamo y a la persona garante de la operación.

Si se produce la transmisión, de cualquier forma, pública o privada, del préstamo hipotecario por la empresa prestamista, esta deberá comunicar de forma expresa y fehaciente, en el plazo de 10 días hábiles a la persona consumidora titular del préstamo y a la persona garante, en su caso: el nombre, dirección y todos los datos necesarios para la completa identificación de la  nueva persona acreedora hipotecaria.

Cualquier requerimiento o comunicación que se realice por la empresa prestataria ante un incumplimiento de obligación del pago de la persona consumidora titular del préstamo, ha de ser notificado de forma expresa y fehaciente a la persona garante de la operación.

Cuando tenga lugar la dación en pago, la empresa prestamista deberá poner a disposición de las personas consumidoras (tanto titulares del préstamo como garantes), de forma expresa y fehaciente, el proyecto en que se formalice la misma con antelación de 3 días hábiles a su firma. En ese proyecto se deberá recoger de forma expresa la cancelación absoluta y total de las garantías ofrecidas al titular del préstamo por cualquier persona.

Información sobre el cobro de intereses de demora.

De manera simultánea al cobro de los intereses de demora, la empresa prestamista deberá notificar, de forma expresa y fehaciente, a la persona consumidora y usuaria: el importe cobrado, su fórmula de cálculo y el porcentaje aplicado.

Además, de manera anual, se deberá comunicar a la persona consumidora, por medio de un ejemplo aplicado a las condiciones pactadas en la escritura, el importe que correspondería cobrar en caso de impago de una cuota, así como la fórmula y el porcentaje aplicado para el cálculo de los intereses de demora.

 

Si necesita información en materia de consumo no dude en contactar con nosotros. Le recordamos que estamos a su disposición de forma gratuita y continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través de esta misma página Web. Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede acercarse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo, presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

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