Esta ley pretende que el ordenamiento jurídico no imponga trabas innecesarias que coloquen a las entidades financieras en desventaja frente a sus homólogos comunitarios.
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Además, busca asegurar que el incremento de la competencia y la utilización de las nuevas tecnologías no den lugar a una desprotección de los clientes de servicios financieros.
Y también pretende favorecer la canalización del ahorro hacia la economía real, verdadera impulsora del crecimiento y la creación de empleo.
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