Defensa de consumo

Cada vez es más habitual adquirir productos o servicios a través de Internet, siendo muy común contratar con empresas y en páginas web que están domiciliadas fuera de la Unión Europea. En estos casos, hay que tener muy presente que los derechos que asisten a las personas consumidoras no son los mismos que si la adquisición de productos o servicios se realizara a empresas o en webs domiciliadas en la Unión Europea.

A continuación, se enumeran una serie de preguntas frecuentes sobre la vía judicial ante conflictos de consumo.

Si se ha presentado una reclamación y no se ha conseguido resultados favorables, o si, habiendo solicitado un arbitraje de consumo no hubiera acuerdo o la empresa rechaza el mismo, se puede acudir a los juzgados y tribunales.

De acuerdo con la Constitución Española la justicia será gratuita, en todo caso, para quienes acrediten que cuentan con insuficientes recursos para litigar. Una ley estatal, en concreto la Ley 1/1996, de 10 de enero, regula la asistencia jurídica gratuita.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que puede tener lugar cuando una persona, entidad o empresa no puede hacer frente a las deudas y se recurre a la justicia para intentar poner orden a la situación generada.

A continuación, se recopila una serie de preguntas frecuentes sobre el arbitraje de consumo, con el objetivo de resolver las dudas y consultas más habituales en la materia.

El arbitraje de consumo es un servicio público que permite resolver los conflictos de consumo por una vía extrajudicial, de una manera eficaz, sencilla, gratuita, rápida, voluntaria y de calidad, con efectos vinculantes y ejecutivos.

El primer paso para someterse al procedimiento arbitral de consumo es solicitarlo ante la Administración. Es muy importante cumplimentar correctamente la solicitud de arbitraje, así como expresar con claridad, precisión y concreción los hechos ocurridos y lo que se quiere conseguir.

Las empresas o profesionales podrán solicitar la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo para resolver los posibles conflictos que se puedan producir a través de este mecanismo eficaz y gratuito. La adhesión al Sistema contribuye a ofrecer una imagen de seriedad, credibilidad y profesionalidad.

El laudo arbitral de consumo es la resolución dictada por el órgano arbitral que da solución al conflicto planteado entre las partes afectadas. Dicho laudo, que tiene la misma eficacia que una sentencia judicial, vincula a las partes y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento.