Esta ley reorganiza las funciones de los órganos directivos de la Consejería manteniendo su regulación anterior e incluyendo las adaptaciones necesarias para lograr más racionalización y eficacia.
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Así, como consecuencia de la reforma de los Fondos Europeos llevada a cabo por la normativa comunitaria y, debido a la necesidad de introducir de forma transversal el desarrollo sostenible y el respeto con el entorno, se estima conveniente abordar los correspondientes ajustes en la estructura de la Consejería.
De acuerdo a esta ley, corresponden a la Consejería de Agricultura y Pesca las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.
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