Con este decreto se eliminan, entre otras cuestiones, los costes de transición a la competencia, creados en 1997, ya que generan distorsiones en los precios de mercado y han quedado obsoletos.
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Sin embargo, se considera necesario preservar otros aspectos, como los regímenes de incentivo al consumo de carbón autóctono y de apoyo a las instalaciones singulares que desarrollan planes específicos de especial relevancia tecnológica.
También considera necesario que se retribuya adecuadamente toda la electricidad cogenerada con independencia del tamaño de las instalaciones, y que se dote de mayor flexibilidad a la política de establecimiento de primas e incentivos a la producción de energía eléctrica del régimen especial.
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