El vicepresidente de la Junta defiende en unas jornadas sobre consumidores “un marco justo de relaciones entre empresas y ciudadanos”
El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aboga por que las administraciones públicas apoyen “sin reservas” a la ciudadanía impidiendo que se lleven a cabo “acciones fraudulentas a gran escala como el aumento desmesurado de la factura eléctrica o la concesión de créditos a estudiantes con margenes de hasta el 26% de beneficio para los grandes bancos”.El representante del Gobierno andaluz se ha pronunciado de este modo en el acto de apertura de las Jornadas 'Los consumidores. Agentes sociales ante la crisis', organizada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Andalucía (Adicae) a quien ha agradecido la celebración en Sevilla de este foro que permitirá abordar “los déficits legislativos y abusos que bajo el pretexto de la crisis están sufriendo el conjunto de los consumidores”.Para Valderas, en situaciones como la actual hay que “diferenciar claramente” entre quienes se posicionan de parte de los más débiles con medidas de apoyo frente a quienes utilizan la crisis como pretexto para aumentar la “brecha social”. En este marco, ha denunciado que numerosas empresas se aprovechan de esta situación, aumentando las prácticas arbitrarias y medidas abusivas en lugar de apostar por una mayor protección a sus clientes en un momento de inestabilidad y con una caída del consumo en 20 puntos porcentuales en el periodo 2002-2012. Por ello, considera que en estos momentos “es necesario más que nunca un Estado que defienda por encima de todo a las personas, a los más débiles y vulnerables”.Ha denunciado el “sistema orquestado” en el que está inmerso el ciudadano y del que sólo puede protegerse con instrumentos como la información, la asociación, la acumulación de fuerzas y la apuesta por una Administración combativa que sea capaz de erigirse como parámetro de protección de los ciudadanos. En este contexto, ha recordado algunas de las medidas que ha impulsado la Junta a través de la Secretaria General de Consumo como el anteproyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria, el reforzamiento de las inspecciones de Consumo y la vertebración de la red de Alerta de productos de Consumo.Ha manifestado su preocupación por el “empobrecimiento de la sociedad” y por los derechos y garantías ciudadanas que quedan en suspenso en un estado de emergencia social. Para refrendar esta reflexión ha recordado algunos datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como que el 87% de los encuestados considera que la situación económica actual es mala o muy mala y el 70% reconoce haber cambiado sus costumbres y las de su familia ahorrando más en ocio, energía, ropa, calzado y vacaciones, además de un “preocupante” 41,2% de personas encuestadas que dicen estar ahorrando también en alimentación pasando así a una situación de pobreza.Igualmente, se ha referido al estudio de Cruz Roja de Cataluña 'Vivienda y Colectivos Vulnerables' de julio último según el cual el 71% de sus usuarios admite dificultades graves para abonar el recibo del agua, la luz y el gas, y cerca del 30% acumula facturas impagadas.Un marco justoAnte este escenario, es preciso “establecer un marco justo de relaciones entre empresas y ciudadanos” como ha hecho la Junta al imponer sanciones a empresas de telefonía móvil y operadores financieros por incurrir en prácticas ”abusivas y sistémicas”, ante las que las administraciones públicas no pueden permanecer impasible. En concreto, en el periodo de enero de 2012 al 28 de octubre pasado, en el ámbito de la telefonía móvil se han resuelto 332 expedientes sancionadores, con una cuantía total de sanción impuesta superior a 1,2 millones de euros; además, en el mismo periodo se han interpuesto ante la Secretaria General de Consumo un total de 9.627 denuncias, reclamaciones, quejas y denuncias-reclamaciones por asuntos relativos a las operadoras de telefonía móvil.El vicepresidente ha insistido en “la necesidad de proteger a quienes no se sientan en los Consejos de Administración para tomar decisiones que de manera antidemocrática atentan contra la vida de la gente”. En este orden de cosas, ha subrayado la acción de la Junta para acabar con la pobreza y la exclusión social mediante el impulso de programas globales que aspiren a una tasa de “pobreza cero” como el proyecto de Ley de medidas para garantizar los suministros mínimos vitales de luz y agua los andaluces más vulnerables o la aprobación de una moratoria en los cortes de suministros de luz, agua y gas en los meses de mayor frío.Ha apostado por reforzar los mecanismos de control a quienes no aporten valor añadido o no muestren responsabilidad social en el ejercicio de sus funciones y más cercanía, coordinación y complicidad de las administraciones públicas con la ciudadanía para que la vulneración de derechos no sea la norma.El vicepresidente se ha mostrado una vez más dispuesto a profundizar en el campo de los “derechos de ciudadanía” y a brindar todos los instrumentos, canales y espacios de participación que como Administración autonómica estén a nuestro alcance para hacer efectivo el compromiso en la lucha contra las desigualdades y la resistencia ante los modelos que pretenden acabar con el Estado Social y los derechos ciudadanos.DecretoPor su parte, la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, ha anunciado en las jornadas la próxima aprobación de un decreto para aumentar las garantías de las personas consumidoras mediante la adopción de medidas de reposición de la situación alterada a su estado original, de devolución de las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, de indemnización de los daños y perjuicios causados al consumidor derivados de la comisión de una infracción administrativa en materia de consumo.Muñoz ha asegurado que “con esta nueva norma, insertaremos en el procedimiento sancionador una actuación dirigida a resarcir a la persona consumidora con la fórmula en cada caso oportuna ante la comisión de una infracción administrativa en materia de consumo, estableciendo las especialidades necesarias para ello en el procedimiento sancionador, así como regulando un procedimiento complementario para la cuantificación de la indemnización”.Adicae Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, aboga por una nueva visión de los consumidores como agentes activos y denuncia la continuidad de los “procedimientos delictivos” y la monopolización de grandes sectores del consumo en España, tal y como ha quedado de manifiesto en las Jornadas.En el encuentro, el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ha informado de que el sector financiero ha captado entre 40.000 y 50.000 millones de euros “mediante procedimientos delictivos”, con un montante equivalente a lo que ha supuesto el rescate a la banca.