La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha ejecutado en el segundo semestre del pasado año una campaña de inspección que contempló 147 actuaciones dirigidas a controlar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas que intervienen en la compraventa y arrendamiento de viviendas, y que prestó especial atención al control de la información proporcionada a las personas consumidoras y usuarias.
La campaña, de ámbito autonómico, ha sido desarrollada por el personal de todos los Servicios de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Consumo, y en la misma las actuaciones inspectoras se realizaron sobre empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, abarcando la venta, promoción y la publicidad en el arrendamiento y la compraventa de viviendas (nuevas y usadas), independientemente de que las mismas se encontraran en proyecto, en construcción o ya construidas.
Entre las acciones llevadas a cabo, se ha controlado el cumplimiento de las preceptivas autorizaciones y la existencia de los documentos administrativos, tales como la inscripción en el Registro Mercantil o licencias de obra o de primera ocupación. También se vigiló el cumplimiento de la normativa respecto a la información proporcionada a las personas consumidoras, a saber: datos generales y específicos de la vivienda, precio, condiciones de pago, garantías de las cantidades entregadas a cuenta en viviendas no terminadas, responsabilidades y garantías los agentes que intervienen en la edificación, etc.
Otras de las cuestiones vigiladas en el marco de la campaña son la existencia de modelos contractuales por parte de los intermediarios, que el contenido de los contratos de compraventa/alquiler firmados se ajusta a las exigencias de la normativa, en aquellos casos en que el mismo se firme entre un empresario y un consumidor, que el bien que se pretende vender corresponde efectivamente a la oferta que se está realizando, así como que la coincidencia de sus características se refleja debidamente en la información previa y en los contratos de compraventa, que se pone a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética, etc.
La anterior campaña de inspección en este ámbito se desarrolló en el año 2021, cuando se realizaron en la comunidad autónoma 146 actuaciones, detectándose algún incumplimiento normativo en 95 de ellas (el 65% del total).
La mayoría de los incumplimientos tuvieron que ver con que: los establecimientos carecían de las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía; los establecimientos no poseían el cartel informativo con la leyenda: “La persona consumidora tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente documento informativo abreviado de la vivienda (DIA)”; en la oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento no figura la etiqueta de eficiencia energética; o que las empresas que ofertan viviendas para su venta no ponen a disposición de la persona consumidora una nota explicativa sobre el precio y las formas de pago.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.