Esta ley busca actualizar varias normas sobre la defensa de la salud pública, la protección de los intereses de los consumidores o las exigencias de la industria, el comercio y los servicios.
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La nueva normativa supone además una consideración de las actuales condiciones técnicas, económicas y sociales que rodean a los productos y servicios que se facilitan a los consumidores y que exigen una clara delimitación de obligaciones y responsabilidades para evitar indefensiones individuales o colectivas ante el fraude, la adulteración, el abuso o la negligencia.
Y es que el objetivo de este decreto es la refundición y actualización de todas las normas vigentes en materia de inspección y vigilancia de las actividades alimentarias y de sanción de las infracciones.
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