Andalucía fue una de las primeras Comunidades en aprobar su propia Ley sobre defensa del consumidor y usuario, en 1985. Sin embargo, años después, se hizo necesaria una nueva norma, aprobada en 2003.
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La evolución social registrada, tanto en las necesidades de la protección del consumidor como en la legislación que le afecta, hizo necesaria la actualización de la ley, en la que también se reflejó la reglamentación comunitaria.
Además, se concretan algunos de los derechos de los consumidores en las relaciones que surgen en el ámbito de las nuevas tecnologías y de los servicios de la sociedad de la información. Y estas nuevas realidades también son tenidas en cuenta al regular la inspección, las infracciones y sanciones y las medidas administrativas no sancionadoras de protección.
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