Esta ley persigue la eliminación de los obstáculos a la oferta de nuevos productos y la modernización del régimen de protección mediante la búsqueda de una transparencia más efectiva.
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Gracias a esto se permitirá a los prestatarios tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos y la mejora de los instrumentos de financiación.
Y es que, según afirma esta norma, el mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica y financiera, y de su funcionamiento depende la financiación de la vivienda, que representa alrededor de dos tercios del valor de la riqueza total de los hogares españoles y condiciona sus decisiones de consumo e inversión.
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