Esta norma aspira a crear un marco jurídico cierto y efectivo para poder dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha que se aprecia en el tráfico mercantil.
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Los motivos que propiciaron esta norma fueron la creciente demanda social existente, así como la necesidad de homologar, en el plano internacional, el ordenamiento concurrencial de este país.
En este sentido, responde a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en la constitución económica española y se ha basado en los principios de generalidad, modernidad e institucionalidad..
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