Esta ley busca estimular la competencia entre los mercados nacionales y asegurar la igualdad de oportunidades para competir, ya que permite crear nuevas entidades de pago.
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Asimismo, pretende aumentar la transparencia en el mercado, tanto para los prestadores de los servicios como de los usuarios. Y para conseguirlo es preciso establecer normas comunes, como mejor sistema para ofrecer seguridad jurídica, tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo, ya que son uniformes las condiciones y los requisitos de información aplicables a los servicios de pago.
También establece un sistema común de derechos y obligaciones para proveedores y para usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago, ya que sin tal ordenación sería imposible la integración del mercado único de pagos.
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