La Junta de Andalucía reforzará la pluralidad, agilizará y simplificará los trámites para el reconocimiento de las asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias en la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador del régimen jurídico y el registro de estas entidades, que ya no tendrán que justificar el número mínimo de personas asociadas y de ingresos anuales para su consideración oficial.
La norma, que sustituye a la vigente desde 1986, supone un paso importante en la regulación de un sistema que era absolutamente necesario, demandado y comprometido por el Gobierno Andaluz. Se adapta así a las nuevas incorporaciones de entidades que durante los últimos años se han llevado a cabo en el Registro Público de asociaciones de personas consumidoras y usuarias, con un incremento de más del 19% del total de entidades inscritas y con una creciente especialización en ámbitos como el financiero, la vivienda, la telefonía o los suministros básicos.
Con este decreto se eliminan dificultades para la constitución y registro de una asociación de personas consumidoras en Andalucía, es decir, se suprime el requisito de la doble inscripción, ya que el registro será único y no será necesario que las entidades formalicen también su inclusión en el general de Asociaciones de Andalucía, salvo que se trate de cooperativas. De esta forma se legitima a cualquier entidad que, cumpliendo las leyes de consumo, pueda ser considerada como tal por el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras de Andalucía.
Para favorecer la participación y reflejar mejor la pluralidad del movimiento asociativo de defensa de las personas consumidoras, el nuevo diseño del registro distinguirá entre las entidades generalistas y aquellas otras que operan en un solo sector del mercado.
En la generalistas se introduce también una importante novedad, el reconocimiento administrativo de la representatividad. Esta cualidad les otorgará un estatus diferenciado en la interlocución y en la representación institucional de las personas consumidoras andaluzas. La adquisición de la representatividad se instruirá, a instancia de parte, mediante un procedimiento basado en parámetros objetivos, medibles y auditables.
Con esta iniciativa Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que regula el reconocimiento de la representatividad de las organizaciones de personas consumidoras y posteriormente los efectos que de ello se deriva. A estas entidades, que tendrán un papel reforzado en las políticas de consumo de la comunidad, se les exigirá un número mínimo de personas asociadas (10.000) y de ingresos por cuotas (120.000 euros anuales). Deberán ser federaciones o confederaciones de ámbito andaluz y contar con entidades de carácter provincial en todo el territorio.
Las asociaciones y organizaciones encuadradas entre las más representativas tendrán derecho a formar parte del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales . Asimismo, podrán proponer a la persona titular de la Presidencia de la Junta Arbitral de Consumo las personas que realicen la función arbitral y participar en el diseño y desarrollo de las distintas políticas sectoriales que afecten a los consumidores.
En la misma línea de agilización administrativa y de transparencia la norma establece la responsabilidad de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de llevar a cabo la informatización y digitalización del registro, residenciándolo en un servidor web accesible a toda la ciudadanía, que permita la tramitación telemática tanto de las solicitudes de inscripción como de los procedimientos posteriores.
Respecto a la regulación de 1985, el decreto aprobado hoy es una aspiración del movimiento asociativo, demandado en el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y reforzado por el Acuerdo de Gobierno por Andalucía para la legislatura 2012-2016. Se mejora así un Decreto con 25 años de vigencia y alejado de la actual realidad del movimiento asociativo de consumo. Además, la norma afina el ámbito de aplicación para incluir a todas aquellas organizaciones y asociaciones dedicadas a la defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de las personas consumidoras y usuarias, tanto en relación directa a sus personas asociadas como a los intereses colectivos de toda la ciudadanía.
El decreto también responde a las propias demandas del movimiento asociativo que fueron plasmadas en el Pacto mencionado anteriormente, suscrito en 2012 por la Junta y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA Andalucía y la Unión de Consumidores y Usuarios en Acción UCA-UCE. Con estas entidades muy especialmente, desde la Secretaría General de Consumo se ha venido trabajando durante más de un año para lograr que la norma aprobada responda a las necesidades del movimiento consumerista andaluz.
Finalmente, las organizaciones y asociaciones ya inscritas tendrán un plazo máximo de seis meses para actualizar sus datos registrales de acuerdo con lo establecido en el decreto, especialmente en lo relativo a la consideración de entidades sectoriales, generalistas o “más representativas”.