El Gobierno andaluz sanciona a Caixabank con 828.000 euros por la comercialización irregular de participaciones preferentes

Los servicios de Consumo de la Junta han recibido en los últimos dos años 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo

 

El Gobierno andaluz ha acordado sancionar con 828.000 euros a Caixabank, SA, como sucesora universal de las antiguas Cajasol y Banca Cívica, por las infracciones cometidas por estas dos entidades en la comercialización de participaciones preferentes.

 

La decisión se concreta en dos expedientes, uno por cada entidad, que tienen su origen en 483 reclamaciones recibidas en los servicios de consumo de la Junta. El 24 de septiembre de 2013 el Consejo ya impuso una sanción de 455.000 euros a Caixabank por el mismo motivo y en los últimos dos años los servicios de Consumo de la Junta han registrado 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo.

 

De acuerdo con los procedimientos sancionadores instruidos, que se iniciaron en abril de 2013 tras la investigación de las denuncias presentadas por las personas usuarias, se considera probado que Cajasol primero y Banca Cívica después ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas. En algunos casos, las personas afectadas no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra. Tampoco se atendieron requerimientos de documentación formulados por la Inspección de Consumo de la Junta.

 

Estos hechos, plasmados en 26 denuncias contra la antigua Cajasol y ocho contra Banca Cívica, son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía: incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración.

 

Si bien la ley califica estas infracciones como leves, el Gobierno andaluz entiende que en las dos primeras concurren las circunstancias agravantes recogidas en el mismo texto normativo por “haberlas cometido voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles”, por “tratarse de una infracción continuada o práctica habitual, por “producir una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores” y por haberse realizado “explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados consumidores o grupos de ellos”. Estas circunstancias hacen que los actos denunciados se califiquen finalmente como muy graves.

 

Respecto a la circunstancia de reiteración, el Consejo recuerda que la antigua Cajasol ya fue sancionada de manera firme en siete ocasiones ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo, cometidas entre 2009 y 2012.

 

Otra agravante tenida en cuenta, y asimismo recogida en la ley, es la relativa a la posición relevante de las entidades en el sector. En este sentido, Cajasol llegó a ser la segunda entidad de banca minorista en Andalucía, con 732 oficinas, mientras que Banca Cívica alcanzó el décimo puesto entre las entidades de crédito españolas y el sexto entre las cajas de ahorros, con una red de cerca de 1.600 oficinas.

 

Como circunstancia atenuante, el Consejo valora la colaboración activa mantenida por Caixabank para atenuar los efectos de las dos primeras infracciones. En este sentido, el acuerdo destaca que la entidad denunciada, con la intermediación de los servicios de consumo de la Junta, ha alcanzado diversos acuerdos para resolver las reclamaciones interpuestas en su día.

 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, las sanciones impuestas se concretan en tres sanciones por cada antigua entidad denunciada. En el caso de Cajasol, una de 225.000 euros por infracción muy grave de incumplimiento de las condiciones de prestación de servicio; otra de la misma cuantía por incumplimiento de la información en la venta, y una tercera de 5.000 euros por no atender las medidas y requerimientos de la Administración. Las cantidades correspondientes a Banca Cívica son de 185.000 euros por el primero de estos motivos, la misma cifra por el segundo y 3.000 por el tercero.

 

Soluciones para los afectados

Según datos de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de febrero de 2014 se han registrado en Andalucía 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de inversiones complejas de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.

 

Estas reclamaciones se formularon a las entidades Caixabank, Bankia (Caja Madrid), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Grupo Santander (Banesto), Banco Popular Español, Sabadell CAM, NCG Banco (Novagalicia), Banco Mare Nostrum (Caja de Ahorros de Granada), Catalunya Bank, Cajasur y Caja de España de Inversiones Salamanca y Soria.

 

El total de personas afectadas supera la cifra de 47.400, con un importe por encima de los 1.406 millones de euros, según los datos aportados por las entidades que han respondido al requerimiento de la Junta. Cuatro de ellas (Caixabank, BBVA, Sabadell y Cajasur) han colaborado también con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para resolver las reclamaciones mediante fórmulas de negociación, mediación y arbitraje extrajudicial.

 

Asimismo, la Junta ha colaborado con la Fiscalía Superior de Andalucía que, a través de un decreto, solicitó a la Secretaría General de Consumo que informase a las personas reclamantes de los acuerdos adoptados. La Administración autonómica también ha requerido la cooperación de la Policía Judicial en la investigación de posibles responsabilidades penales.

 

Las personas interesadas pueden obtener más información en la página web www.consumoresponde.es, que muestra alternativas de mediación y arbitraje en relación con las preferentes, así como los mecanismos de reclamación a las entidades financieras y los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Valora el contenido:
0