La Junta afirma que actuará en consecuencia si la investigación a UCA-UCE demuestra que se han producido irregularidades

Marina Álvarez subraya que se está actuando 'de forma responsable' y que no existen denuncias formalmente interpuestas sobre esta organización de personas consumidoras

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha informado hoy en el Parlamento de Andalucía sobre la investigación que mantiene abierta la Dirección General de Consumo a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) tras una información anónima recibida por este Departamento y, recientemente, por diferentes informaciones aparecidas sobre supuestas irregularidades cometidas por esta organización.

Aunque en estos momentos no existe ninguna denuncia formalmente interpuesta ante la Dirección General de Consumo en relación a estas supuestas irregularidades, la Junta está investigando los hechos que se han conocido públicamente para verificar si efectivamente se han producido, según ha explicado Álvarez. Asimismo, ha subrayado que el Gobierno andaluz actuará en consecuencia si la investigación demuestra que se han producido irregularidades, defendiendo que se está procediendo “de forma responsable” por parte de la Administración.

Esta situación conllevaría la pérdida, al menos durante cinco años, de su condición de asociación de personas consumidoras, con la suspensión de su inscripción en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Igualmente, perdería durante ese tiempo los derechos y beneficios consiguientes como asociación, entre los que se encuentra poder ser beneficiaria de ayudas públicas.

Asimismo, esta entidad también perdería otros beneficios que ostenta, como formar parte del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo y de los Consejos Provinciales de Consumo, que son órganos principales de consulta y participación de las personas consumidoras y usuarias en la comunidad autónoma.

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