Está destinado a profesionales de consumo de distintas administraciones públicas y al personal de la oficina de intermediación contra los desahucios
La Junta de Andalucía ha organizado, del 24 al 26 de octubre, un curso sobre los derechos de las personas consumidoras en relación con los servicios y productos financieros, dirigido a los profesionales de consumo de las diferentes administraciones públicas y de la nueva oficina de intermediación contra los desahucios puesta en marcha por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. Esta actividad, incluida en el Plan Nacional de Formación Continua Interadministrativo para el año 2012, es fruto de la colaboración del Instituto Nacional de Consumo y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
En el curso, expertos y expertas en derecho y economía analizarán los derechos de las personas consumidoras respecto a los productos y servicios financieros en el contexto de la actual crisis económica. Además de abordar la normativa que regula los servicios financieros, renovada en los dos últimos años, se tratarán las reclamaciones más frecuentes relacionadas con la aparición de nuevos productos financieros y determinadas prácticas bancarias.
Junto a asuntos comunes a todos los servicios y productos financieros como las claúsulas abusivas en los contratos, el control de la publicidad o el derecho a la información, se tratarán temas concretos como los préstamos hipotecarios, los productos de inversión y de alto riesgo o los créditos al consumo. También se estudiará la contratación a distancia de este tipo de servicios y los procedimientos de tramitación de reclamaciones o denuncias sobre estos productos.
La telefonía (65,8% de los encuestados) y los servicios financieros (50%) son los sectores en los que las personas consumidoras se sienten más desprotegidas, según revela el Barómetro Andaluz de Consumo 'BACO' 2011 elaborado por la Junta en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Desde comienzos de año, los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía han tramitado 1.525 reclamaciones sobre servicios financieros, derivadas, principalmente, de irregularidades en operaciones bancarias, desatención a los consumidores y consumidoras, cobros injustificados de gastos e irregularidades en tarifas de las comisiones aplicadas. Un total de 407 de éstas, son en inversiones complejas de alto riesgo, relacionadas con participaciones preferentes. En 2011, la Junta tramitó 1.128 reclamaciones del ámbito financiero, principalmente por irregularidades en operaciones bancarias, desatención a las personas consumidoras e irregularidades en tarifas de las comisiones aplicadas.
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha anunciado el inicio de expedientes sancionadores a 19 entidades financieras por comercializar de "forma irregular" participaciones preferentes. Los expedientes responden a las 407 reclamaciones que han registrado hasta hoy los servicios de Consumo de la Junta en las ocho provincias andaluzas, cifra que previsiblemente seguirá aumentando. Además, la Junta está colaborando con la Fiscalía Superior de Andalucía enviándole toda la información que recibe sobre este asunto para que se incorpore a las diligencias que ha iniciado el citado órgano.
Participaciones preferentes
Aunque la regulación y las acciones sancionadoras en materia de preferentes es competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el inicio de expedientes obedece a la aplicación de la Ley andaluza de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios y al respaldo del Instituto Nacional de Consumo, que ha elaborado un informe en el que reconoce la inclusión en algunos contratos de "cláusulas abusivas".
La Junta iniciará, a través de la Secretaría General de Consumo en cooperación con la Fiscalía General de Andalucía, la potestad sancionadora y de recursos ante la jurisdicción civil para demandar la acción de cesación e indemnización por daños y perjuicios.
Desde enero hasta octubre de 2012, la Junta ha realizado, entre otros, trabajos de unificación de la información y catalogación de los diferentes servicios de consumo en Andalucía; se ha procedido a la apertura de expedientes informativos, atendiéndose un total de 407 hojas de quejas y reclamaciones y 19 consultas; se ha creado en el mes de mayo un grupo de trabajo para estudiar las denuncias y se ha tramitado la denuncia formulada por FACUA ante la Secretaria General, con fecha 22 de marzo, acerca de la comercialización de estas participaciones .
También se está viendo la posibilidad de concertar con las entidades financieras, actuaciones arbitrales, ya que con el Real Decreto-Ley 24/2012 de 31 de agosto de reestructuración y resolución de entidades de crédito a vía judicial se convierte casi en la única salida a la resolución del conflicto planteado entre la banca y las personas afectadas por la adquisición de participaciones preferentes.