Se han organizado mesas de diálogo y trabajo con las tres organizaciones más representativas y se consultó a 69 asociaciones
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado hoy en comisión parlamentaria que el decreto que regulará el registro de asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía encara ya su segunda fase de instrucción y ha destacado que se ha buscado que el texto normativo sea “lo más consensuado posible”. Para lograr este objetivo, ha recalcado que se han organizado mesas de diálogo y trabajo con las tres organizaciones más representativas (Facua, UCA-UCE y Al-Andalus), y se ha dado trámite de audiencia a otras 69 asociaciones, de las que se obtuvo respuesta de 29 de ellas.
El Decreto 32/1986, de 19 de febrero, está vigente desde hace más de 25 años, y pese a su eficacia, Valderas ha remarcado que desde el movimiento asociativo se había trasladado que debía adaptarse al tiempo actual, por ello, era uno de los compromisos que están recogidos en el I Pacto Andaluz por la garantía de los derechos de las personas consumidoras firmado por la Junta de Andalucía con las federaciones. “Con este decreto pretendemos más empoderamiento a la corresponsabilidad, materializar esa necesidad de racionalizar y articular el movimiento asociativo y simplificar los procedimientos administrativos que regulan el régimen jurídico de las organizaciones”, ha explicado.
Aunque el decreto le queda tramitación y está aún pendiente de aprobación por Consejo de Gobierno, Valderas ha anticipado parte de las novedades que contendrá. Así, el nuevo Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras se constituye como un Registro único y obligatorio, por lo que ya no se exige la certificación expedida por el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma, en conformidad con la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación. Sólo se pedirá la inscripción de la entidad en el Registro Público cuando la organización de personas consumidoras y usuarias haya sido constituida como cooperativa.
Para una mayor accesibilidad y transparencia a la ciudadanía se informatizará y digitalizará este registro, que será único y obligatorio, y se canalizará a través de esta Consejería. Otro de los elementos más destacados de este decreto es que ofrece mayor participación al eliminar como requisito un número mínimo de personas asociadas e ingresos anuales de asociación u organización, y se facilita la inscripción de asociaciones que únicamente operen en uno de los sectores del mercado. Esto reforzará la “pluralidad”, ha subrayado el consejero, ya que además facilita el acceso de asociaciones locales, provinciales y andaluzas.
El decreto también contribuirá a definir, con criterios objetivos, las asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas, de acuerdo con unos criterios de implantación territorial, número de socios o ingresos anuales, entre otros. Entre los beneficios que supondrá ese reconocimiento están que las que podrán formar parte del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo, así como de los consejos provinciales, y de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía.
Valderas ha concluido que la aprobación de este proyecto de decreto va a suponer “un paso importante en la regulación de un sistema que era absolutamente necesario, demandado y comprometido” y se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en Acuerdo de Gobierno por Andalucía firmado hace ahora dos años.