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Servicios de apoyo asistencial para personas en situación de posible pérdida de su vivienda habitual y permanente

Los servicios de apoyo asistencial para personas en situación de posible pérdida de su vivienda habitual y permanente, teniéndose en cuenta aspectos tales como: empleo (desempleo o subempleo), deterioro de la salud, pobreza infantil, trastornos mentales asociados, relaciones familiares alteradas, etc

Es una realidad que las familias en riesgo de desahucio no tienen como única amenaza el desalojo de su vivienda, y por ello se ofrece este servicio de atención primaria a la ciudadanía que ofrece ayuda y da apoyo asistencial en diversos aspectos relacionados, con el objetivo de coordinar la mejor respuesta acorde al problema que se plantea.

En este sentido existen distintos programas y ayudas que apuntan a mejorar la difícil situación de las personas atendidas, entre otros:

- El Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, que atiende las necesidades de subsistencia de las unidades familiares andaluzas cuyos recursos mensuales sean inferiores al Ingreso Mínimo de Solidaridad (I.M.S.*)

- Las Ayudas Económicas Familiares para la Lucha contra la Pobreza Infantil, cuyo objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generen situaciones de dificultad social o riesgo para las personas menores, favoreciendo su permanencia e integración en el entorno familiar y social, e incluyendo en su caso, ayudas para alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, adquisición de mobiliario y enseres básicos.

- Distintos mecanismos para actuar desde el ámbito de la salud, como la creación de grupos socioeducativos sobre bienestar y percepción de la salud, o el Plan Andaluz de Salud Mental.

- El servicio de orientación laboral, para mejorar la empleabilidad del colectivo afectado.

 

* I.M.S., equivalente al 62% del Salario Mínimo interprofesional incrementado en un 8% por cada miembro computable de la unidad familiar distinto del firmante y hasta un máximo del 100% del SMI vigente. Se reducirán de la cuantía mensual resultante los recursos computables de todos los miembros de la unidad familiar beneficiaria.

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