Los objetivos principales de la ley se centran en una mayor protección de los consumidores, atendiendo siempre a las especiales características de los servicios financieros.
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Para ello, se establece un régimen riguroso en cuanto a la información que deben recibir los consumidores antes de la celebración del contrato. Además, la ley ofrece garantías complementarias a los consumidores para protegerse contra el uso fraudulento de las tarjetas de pago cuando fueran utilizadas para el pago de servicios financieros e igualmente en cuanto concierne a servicios y comunicaciones no solicitadas.
Asimismo, también asegura la necesaria defensa judicial para el consumidor y promueve, de manera decidida, el uso de la reclamación extrajudicial, cuando la requiera el consumidor; al tiempo que establece un equilibrado régimen sancionador.
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