Esta orden regula las condiciones de transparencia e información de los servicios de pago, y las especificidades que operan respecto de las operaciones de pago singulares y los contratos marco.
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Esta normativa surge de la necesidad de proteger a los consumidores, que habitualmente sufren una desventaja informativa respecto a los mercados de los servicios de pago, para que sus intereses económicos no se vean vulnerados y el mercado opere correctamente.
Esta Orden Ministerial tiene como objeto, además la transposición al ordenamiento español de la Directiva europea de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior.
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